La discusión sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez debe o no indultar a los presos del procés llegará a las Cortes de Aragón a mediados de junio de la mano de sendas proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos. Un asunto sobre el que no se quiso pronunciar ayer la presidenta en funciones de la comunidad, Mayte Pérez, en su visita a Andorra junto la directora del Instituto de Transición Justa, Laura Martín, y la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría. «Me suelo referir siempre a lo que tenemos competencias. Bastante tenemos con asumir lo que nos toca en la comunidad autónoma y dar respuestas como, en este caso, el desafío que tiene Andorra y la provincia de Teruel con la transición ecológica», señaló, evitando manifestarse sobre los indultos.
Hace diez días el presidente aragonés, Javier Lambán, ya se pronunció al respecto. Recordó que los condenados lo están por «delitos muy graves» e insistió en que «no solo no se han arrepentido sino que han dicho que lo volverán a repetir».
Es uno de esos asuntos que genera discrepancias en el cuatripartito. El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, señaló que les gustaría «que el Gobierno de España haga caso a los informes de la Justicia, porque en el caso contrario, la ciudadanía no lo entendería». Para Guerrero, el «fabuloso informe» del Tribunal Supremo dice que no «porque no hay arrepentimiento», y subrayó que hay que «respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes».
La líder de Podemos en Aragón, Maru Díaz, recordó que el de Cataluña «es un conflicto político y se ha demostrado que su judicialización no ha servido para solucionarlo». Por eso, manifestó que es necesario abandonar esa vía «y avanzar hacia una etapa de diálogo y negociación que nos permita desenquistar el conflicto, y eso no es posible en las circunstancias actuales», afirmó. «Deben dejarse atrás los tiempos de la judicialización, ahora es el tiempo de la política», apremió.
En la misma línea, el coordinador general de IU Aragón y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, señaló las «nefastas consecuencias» de judicializar un conflicto político que «debe resolverse por la vía política y no encarcelando a políticos en base a una legislación penal regresiva y desfasada».
El presidente de CHA, Joaquín Palacín, algo más ambiguo al respecto, expresó su «preocupación» porque «esta situación refleja un problema latente que no se resolverá con una posición a favor o en contra de los indultos, sino con diálogo y voluntad de llegar a un acuerdo y, desde el punto de vista jurídico, solo cabe respetar la legalidad a la hora de actuar».
La portavoz del PP, Mar Vaquero, incidió en que «Pedro Sánchez no puede poner precio a la libertad, la unidad y la integridad nacional para seguir en el poder». Y el líder de Cs, Daniel Pérez Calvo, llamaba a «no hincar la rodilla» ante la «humillación» que los indultos supondrían para todos los españoles». Para el portavoz de Vox, Santiago Morón, indultar a los presos sería «un fraude de ley».
