La federación de entidades sin ánimo de lucro Plena Inclusión, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, reclama al Gobierno de Aragón 700.000 euros por la demora en los pagos (11 meses de retraso acumulado entre 2019 y 2021) del incremento del concierto por plaza y día firmado en mayo de hace dos años. No obstante, y aunque el documento de acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, refleja la voluntad de esos incrementos, el protocolo firmado por el Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad (Cermi) y el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), «no conlleva obligación legal ni compromisos jurídicos concretos exigibles» por parte de ninguna de las dos partes.

Dicho protocolo se aprobó para sufragar los nuevos costes derivados de la subida salarial que venía aparejada del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y del XV Convenio Colectivo de atención a personas con discapacidad. Se suscribió un acuerdo para un aumento progresivo del coste de los servicios de plazas de atención concertadas. Dicho aumento constituiría un 4,5% más a partir del 1 de junio de 2019, aunque no se comenzó a pagar hasta el 1 de octubre, cuatro meses después. Sobre esa subida inicial, en 2020 se había acordado un nuevo incremento del 2,5% (asciende a un 7% sobre el total), que se comenzó a pagar tres meses más tarde de lo acordado, el 1 de abril. Y sobre ese nuevo aumento, en 2021 el concierto aumentaría un 2,5% más (rozando el 10% sobre el coste inicial), con un inicio previsto para el 1 de enero, aunque se empezó a pagar el pasado 1 de mayo.

En total, los once meses de demora acumulados desde la firma del protocolo suponen para Plena Inclusión haber dejado de ingresar cerca de 700.000 euros, según los datos facilitados por la entidad. Y esa cifra, dicen, ayudaría a reducir el agujero económico que atraviesa a causa de los sobrecostes y pérdida de ingresos derivados de la pandemia, que cifran en torno a 1,5 millones de euros, y que están prestando «un servicio público».

Desde la DGA señalan que esos incrementos se han llevado a cabo «cuando presupuestariamente ha sido posible» y que sumados suponen «subidas significativas». Destacan que Plena Inclusión tiene una subvención nominativa de 350.000 euros y que los presupuestos de Ciudadanía y Derechos Sociales prevén una partida total de 81 millones para el sector de la discapacidad, que aumenta cada año.

Tanto la entidad como la Administración destacan que sus relaciones son constantes y fluidas, más ahora que el golpe de la pandemia ha dejado tocado a las entidades del tercer sector.