Dijo José Luis Soro que la gestión del futuro de las carreteras que ha puesto en marcha desde su departamento del Gobierno de Aragón «es un ejercicio de realismo», que no hay otra manera de cumplimentar el Plan Extraordinario de Carreteras que se recogió en la Estrategia de Recuperación que espera ejecutar entre 2023 y principios de 2026. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda defendió así el modelo concesional elegido frente a las críticas de PP, IU o Podemos, firmantes del pacto, además de las de Vox. «Con cargo al presupuesto ordinario era imposible desarrollar este plan», explicó, sobre todo «por el déficit inversor histórico» que tiene Aragón.

«No existen alternativas» al modelo de concesión de obra pública que permitirá crear empleo «sin que provoque ningún efecto perverso en el déficit y en la deuda» y así garantizar un nivel óptimo de conservación durante 25 años en el 30% de la red». Se refirió a este porcentaje porque es en el que se centra el plan de las vías aragonesas elegidas, que soportan casi el 60% del tráfico, «por lo que en el 70% se sigue haciendo la conservación desde lo público, y supone que las inversiones futuras se puedan realizar en la red secundaria, lo que ahora es imposible».

Soro compareció en el pleno de las Cortes, a petición del PP, para dar cuenta del estado de tramitación de este Plan que prevé invertir 540 millones de euros para la mejora de 10 itinerarios, con 1.740 kilómetros, además de la duplicación de la carretera A-127 entre Gallur y Ejea de los Caballeros, ya que esta última población es la única cabecera comarcal de Aragón que no está conectada con ninguna red de alta capacidad.

Los estudios de viabilidad de los diez itinerarios fueron ya aprobados en Consejo de Gobierno el pasado diciembre y la previsión de Soro es poder licitar y adjudicar los contratos de concesión el año que viene «siendo conservadores y muy realistas» para que las obras puedan realizarse entre 2023 y principios de 2026, momento en el que «empezaría a hacerse el abono».

Joaquín Juste, del PP, criticó el modelo de concesión de obra pública y que privaticen las carreteras para renovarlas y conservarlas «en vez de utilizar el presupuesto ordinario», esgrimió que se pagará caro en el futuro y recordó que las infraestructuras «no son de una sola legislatura» y el PP se ofreció a pactar «un buen plan de carreteras de verdad, no de hacerse fotos e invertir poco».

Álvaro Sanz (IU) dijo no compartir el modelo «ni antes ni después del covid» y Santiago Morón (Vox) también mostró su desacuerdo con este sistema concesional. «¿Está justificado endeudarnos?», preguntó.

Vanesa Carbonell, de Podemos, rechazó también el modo elegido y se mostró partidaria de la gestión pública; Joaquín Palacín (CHA) lo calificó como «un paso valiente»; Esther Peirat (PAR) pidió «ser sensible» con las necesidades de Aragón; el socialista Fernando Sabés criticó que algunos portavoces pusieran en duda que se vaya a realizar este Plan incluido en la Estrategia, y Carlos Ortas, de Ciudadanos, resumió su intervención en dos preguntas: «¿Cómo vamos a pagar los 540 millones y qué va a pasar con el resto de la red?».

Soro reconoció que hay cuestiones «que se deben mejorar» en la duplicación de la carretera A-127 y admitió que el proyecto «no es perfecto» antes de asegurar que ha leído las 418 alegaciones presentadas por particulares, algunos agricultores y entidades al proyecto. El consejero subrayó que se van a analizar «con un criterio técnico, no político», y que se construirán vías de servicio para que los agricultores puedan acceder a sus fincas. No se olvidó de la A-126, que está en el pan extraordinario y se ejecutará.

Por último, Soro recordó que Ejea es la única capital de comarca que carece de conexión directa a una vía de alta capacidad y que el estudio de viabilidad está ya terminado. Queda pendiente el proyecto de trazado.