Caja Rural de Aragón ha presentado un escrito ante el juzgado de lo mercantil número 1 de Zaragoza en el que reclama que se declare culpable el concurso de acreedores de Arento. La demanda, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ARAGÓN, subraya que el grupo cooperativo, que se encuentra en liquidación, obtuvo financiación de Caja Rural de Aragón (antigua Bantierra) mediante la emisión de facturas «falsas» por un importe superior a 13 millones de euros, según recoge el escrito remitido al juzgado. Fuentes cercanas a la actual Arento niegan esa forma de proceder, al menos durante los últimos años, al tiempo que subrayan que «todo está totalmente documentado».
En la demanda se incide en la «agravación dolosa» del pasivo de la concursada, lo que perjudicó a Caja Rural de Aragón. Asimismo, la entidad asegura que esta forma de actuar «contiene elementos del tipo penal de estafa» por varios motivos. En primer lugar, apunta el escrito, porque se llevó a cabo un «engaño» de Arento a Bantierra «a través de facturas falsas», pero también por el «desplazamiento patrimonial» por los importes anticipados por dichas facturas.
Caja Rural de Aragón es el máximo acreedor de Arento. La entidad aragonesa quedó atrapada por los impagos del grupo cooperativo que arrastraba una deuda con la caja de 37 millones, según publicó este diario el pasado 13 de febrero. Se trata de casi un tercio del agujero que generó la sociedad en los últimos años (alrededor de 100 millones) y que dejó en la cuerda floja a más de una decena de cooperativas socias a las que debe todavía unos 15 millones.
Ahora, la caja quiere resarcirse por el daño sufrido con la presentación de un escrito de alegaciones que ha sido encomendado al despacho Arpa Abogados Consultores, con sede en Pamplona.
Este despacho trató de lograr el pago de las deudas a través de reclamaciones extrajudiciales, pero los esfuerzos fueron en vano. Remitió burofaxes con certificación de contenido y acuse de recibo a cada una de las deudoras que figuraban en los títulos mercantiles cedidos por Arento a Bantierra, detallando los efectos e importes impagados y exigiendo explicaciones, según detalla el escrito judicial. Sin embargo, estas sociedades a las que se requería el pago manifestaron expresamente «no identificar las facturas». Dicho de otra forma, las facturas no se correspondían con suministros.
Cesiones de créditos
Estas reclamaciones se realizaron a un total de 13 empresas, aunque el importe más elevado corresponde a Intermalta SA, una sociedad afincada en San Adrián (Navarra) y dedicada a procesar y proveer maltas de primera calidad. A la sociedad cooperativa agraria San Miguel (Tauste) se le requirieron 3,34 millones. En el listado también figuran Piensos Vigoran, Cooperativa Agraria San Licer (Zuera), Productos Alimenticios Gallo, Cooperativa Acor, Moncayo Agrícola, Nanta, Harinera de Tardienta, Cereales Teruel, Ars Alendi, Cuarte SL y Abonos y Semillas SA.
Un concurso de acreedores puede calificarse como fortuito o culpable, según detalla el artículo 163 de la Ley Concursal. La legislación detalla que será culpable si en la insolvencia hubiera mediado «dolo o culpa grave» del deudor, por parte de sus representantes o sus administradores o liquidadores dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso.
Los supuestos de concurso culpable incluyen la existencia de doble contabilidad, la aportación de documentos falsos, la grave inexactitud en la documentación presentada, el incumplimiento del convenio que provoque la apertura de la liquidación, el alzamiento de bienes o la simulación patrimonial ficticia, entre otras.
El concurso culpable implica la inhabilitación de las personas afectadas para administrar los bienes ajenos en un período de dos a 15 años, y la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales. También implica la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa. Si lo que provoca la culpabilidad son conductas graves, el juez puede remitir el procedimiento al Ministerio Fiscal, lo que puede originar la apertura de un proceso penal si la conducta ha sido delictiva.
La situación se origina cuando Caja Rural de Aragón suscribe varios contratos de cesión de créditos con Arento. Mediante estos, el grupo cedía a la entidad los créditos correspondientes a documentos que acreditaban deudas comerciales de su titularidad. Estos importes fueron anticipados por Bantierra después de que Arento aportara un escrito --sellado y firmado por sus representantes-- en el que realizaba manifestaciones «inequívocas» de la legitimidad de los créditos.
En la denuncia presentada por Caja Rural de Aragón se detallan cientos de facturas «falsas», que fueron emitidas por Arento y cedidas a Bantierra, que anticipó sus importes. Además, considera la entidad que esta forma de actuar «falsifica la contabilidad, los estados contables y distorsiona la imagen fiel de la sociedad al representar una irregularidad relevante» en más de 13 millones.
Esta no es la única alegación que recibirá el administrador concursal de Arento, según ha podido saber este diario. Alguna cooperativa aragonesa también ha anunciado que pedirá el concurso culpable, si bien todavía está abierto el plazo para alegar. Una vez que concluya este plazo, el administrador concursal emitirá un informe en el que calificará el concurso de Arento.
