El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por importe de cien millones de euros. Aragón recibirá 4,67 millones.

El acuerdo irá ahora a la Conferencia Sectorial de Igualdad, órgano en el que participan los gobiernos autónomos, para su ratificación y en ella se aprobarán los criterios de reparto, atendiendo a la población, extensión geográfica, o necesidades específicas.

"Los fondos que aprobamos hoy salvan vidas. Pero para llegar siempre a tiempo para todas las mujeres también debemos modernizar los protocolos, herramientas y actuaciones para erradicar la violencia de género, y hacer permanente el Pacto de Estado y su financiación", ha apuntado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un mensaje en Twitter.

La distribución de fondos por comunidades tendrá en cuenta distintas variables como la insularidad (4 millones), su posición como ciudad fronteriza (2 millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), así como el número de mujeres con trabajo temporal o paradas (20 millones), mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno).

También se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y 10 millones respectivamente.

Así, según los criterios de distribución propuestos por el Gobierno, las comunidades que más fondos recibirán en 2021 serán Andalucía (15,08 millones), Cataluña (12,96 millones), Madrid (10,76 millones), Comunidad Valenciana (8,73 millones), Galicia (7,87 millones) y Castilla y León (7,39 millones).

Le siguen Castilla-La Mancha (6,23 millones), Canarias (5,88 millones), Aragón (4,67 millones), Extremadura (4,61 millones), Baleares (4,11 millones), Murcia (3,42 millones), Asturias (2,86 millones), Cantabria (1,55 millones), La Rioja (1,51 millones), Melilla (1,15 millones) y Ceuta ( 1,14 millones).

Los cien millones anuales sustentan el desarrollo del Pacto de Estado y se destinan a mantener y mejorar las redes y servicios de atención a las víctimas, impulsar su inserción sociolaboral y potenciar los protocolos de coordinación entre las administraciones e instituciones competentes.