El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón trabaja en la preparación del Programa 3 de ayudas del Plan Estatal de Vivienda para hacer frente a los posibles desahucios que se produzcan tras la moratoria implantada por el Gobierno central que finaliza en agosto.
Se trata de una convocatoria de ayudas al alquiler, que podrán alcanzar los 600 euros mensuales, que buscan dar apoyo a las personas “en especial situación de vulnerabilidad”, como mujeres víctimas de la violencia de género, personas objeto de un posible desahucio o personas sin hogar a las que no se les pueda ofrecer una alternativa habitacional. Contará, de inicio, con 800.000 euros de presupuesto, que podrían ampliarse si se agotan.
Esta partida se sumará la de las ayudas al alquiler covid, que este año celebrará su segunda convocatoria con 3,4 millones de euros de presupuesto. Una cuantía que previsiblemente no se agotará, dado lo ocurrido el pasado ejercicio, cuando solo se ejecutaron 400.000 euros de los 3,8 millones de presupuesto. Lo positivo, defendió el consejero Soro, es que “esta cuantía se puede reprogramar”, por lo que “en ningún caso” se perdería el dinero, sino que se redistribuiría en otras partidas.
Según fuentes del departamento, la previsión es que esta convocatoria salga “antes de que finalice el mes de junio”, si bien la del Programa 3 está prevista para que entre en funcionamiento en agosto, cuando acaba la moratoria a los desahucios.
Convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad
El consejero, José Luis Soro, y la decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Ángeles Ruiz Blasco, han firmado este martes la adenda al convenio de colaboración que ya rubricaron el pasado 2020 y que servirá para agilizar los procesos de presentación de documentación de la ciudadanía en las distintas convocatorias de ayudas de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
Ya el año pasado, según los datos aportados por la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, unas 600 personas se pudieron beneficiar de esta colaboración.
En la práctica, el convenio entre la DGA y el Colegio de Registradores de la Propiedad se traduce en que los solicitantes de las ayudas no tienen que ir al Registro a reclamar el certificado de sus propiedades, requisito imprescindible en el caso de las ayudas al alquiler, ya que estas no se pueden entregar a quienes dispongan de una vivienda en propiedad. “Entre mayo y junio del año pasado, el Colegio de Registradores de la Propiedad se ofreció para simplificar este trámite, con el objetivo de descargar de cargas administrativas al ciudadano”, ha recordado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro. Con la firma de este martes, el acuerdo se prorroga hasta final de año.
Con este convenio, es la propia Administración quien reclama de forma telemática al Colegio toda la documentación requerida.
María Ángeles Ruiz Blasco, decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, manifestó que el objetivo de esta colaboración es “que el ciudadano se sienta más acompañado en el proceso y echar una mano a las personas que en esta crisis no lo han pasado muy bien”.
Una decisión amparada por el Colegio Nacional, y por la que además renuncian al cobro de la tasa de 3 euros más IVA que supone, habitualmente, expedir el documento. “Antes ya no cobrábamos a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad, pero con este acuerdo se suma que ellos ya no tendrán que hacer el trámite; es algo que para muchas personas se hace un mundo”, reflexiona la decana.
