Se pagó de más en algunos casos y ahora vienen las consecuencias de aquello. La sección de cobros indebidos del Sepe «la hemos ampliado muchísimo para intentar regularizar esas situaciones, pero seguimos estando en una situación complicada con los ertes y no podemos descuidar dejar de pagar en tiempo y forma a los trabajadores con el hecho de reclamar las cantidades que se pagaron de más», explicó ayer Fernando de Miguel, director provincial de este servicio en Zaragoza, que admitió que los números van a volver a crecer pronto. «Ahora estamos con unos 12.000 trabajadores en situación de erte y unos 10.000 que se van a incorporar por la situación que hay en las multinacionales del automóvil, entidades bancarias y otras empresas. Y en cuanto a cobros indebidos, tenemos 6.000 o 7.000 expedientes pendientes aún de regularizar. Lo intentaremos hacer pronto, pero no creo que se pueda antes de que acabe la campaña de la renta», reconoció.

En cuanto a los cobros indebidos de los ertes, de gente que recibió más dinero del que correspondía al tiempo que permaneció en esa situación de regularización, el director provincial del Sepe desveló que han sido muchos los trabajadores que han hecho su petición para devolver el dinero. «Ha habido muchas solicitudes y las intentamos atender todas. Además, tenemos un sistema en el que cronológicamente vamos haciendo las reclamaciones. Desde luego, no se cobra ningún tipo de interés y se dan las máximas facilidades --se puede pagar a plazos redactando un escrito de solicitud-- para que procedan a la devolución», añadió De Miguel.

El director provincial concluyó recordando que los datos son ahora mucho mejores: «Este año no tiene nada que ver ni en pago de prestaciones ni en número de beneficiarios, se ha reducido muy notablemente, aunque seguimos arrastrando una carga muy fuerte del año pasado que tratamos de neutralizar».

La comunidad recibió en un año 725 millones en prestaciones

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, visitó ayer las instalaciones del SEPE en Zaragoza, donde explicó que el Estado ha abonado en prestaciones por desempleo en la comunidad más de 725.350.799 euros entre los meses de abril de 2020 y 2021. En ese tiempo, 122.322 personas han estado afectadas por un erte y se han destinado más de 334 millones de euros a las prestaciones de este tipo. El peor momento fue el de mayo de 2020, con 103.266 personas en un expediente de regulación temporal. Incluyendo todas las prestaciones por desempleo, fueron más de 151.800 personas las afectadas.

En el caso de Zaragoza y provincia, donde se aglutinan el mayor número de trabajadores de la comunidad, el volumen de expedientes del año 2020 fue de 529.929, mientras que el año anterior había sido de 131.095. La delegada recordó que se incorporó al servicio estatal de empleo a 22 personas, la mayoría en mayo, para agilizar la tramitación de expedientes. «Hay que agradecer la buena predisposición de los agentes sociales, que han hecho posible a través del consenso poner en marcha esta medida».

Más de 103.000 trabajadores estaban en erte en mayo de 2020. El volumen en cuanto a expedientes fue de 529.929, casi 400.000 más que el año anterior.

En España hay ahora 550.000 personas inmersas en un erte, de las que 10.700 son de Aragón. «Si lo comparamos con el mayo anterior, había 150.000 aragoneses cobrando un erte o cualquier otro tipo de prestación». Solo en mayo de 2020, por ejemplo, el Sepe pagó una nómina de 128 millones de euros. En el total del año llegó a 725 millones. «Había que generar ese escudo social y conseguir que esas ayudas llegaran con celeridad», ha dicho Alegría.

La comparación de datos entre los dos últimos años deja bien claro la tremenda influencia de la crisis sanitaria en la economía. En Aragón se generaron 131.905 expedientes en 2019, de los que solo 7.879 fueron eres o ertes. En 2020, en esos momentos en que el trabajo se multiplicó por 7, la cifra de expedientes llegó a 529.919, de los que 409.000 eran de regulación. Además, si en 2019 las prestaciones por desempleo fueron 320 millones, en el último año llegaron a 750 millones, en un aumento de más de 400 millones que corresponden fundamentalmente al pago de los ertes.