La violencia machista no solo la sufren las parejas o exparejas de los maltratadores, sino también sus hijos. Se la conoce como violencia vicaria y el ejemplo más reciente y cruel de esta instrumentalización del odio a la mujer a través de los más pequeños de la casa es el de Olivia Olivia y Anna a manos de Tomás Gimeno, en Tenerife. Ha habido otros como el de Ruth y José, asesinados por José Bretón en Córdoba. En estos momentos en Aragón hay seis casos de niños en situación de riesgo.

Así lo indica el último registro del sistema Viogén realizado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Del total, cinco de ellos están clasificados como riesgo medio y uno como alto. Estos forman parte de los 1.459 casos activos en el sistema en los que también se analizan los niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad. La estadística habla de asuntos, no del número de menores afectados. 

A este respecto, existe un caso considerado de nivel alto, 15 medio, 62 bajo y 61 no apreciado. Estos menores pueden estar a cargo de los Servicios Sociales o de las propias víctimas de la violencia de género que, en la comunidad, hay 589 de esta forma.

Por provincias, Zaragoza y Huesca se reparten el mayor número de casos, estando el situación más grave en la provincia central de la comunidad.

En lo que respecta a nivel nacional, 471 niños están en estos momentos en situación de riesgo, de los cuales 1 es de nivel extremo y está en Cantabria. Desde 2013, han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres 38 menores. Ese año, los niños y niñas entraron en la estadística oficial que arrancó con el recuento de mujeres asesinadas en 2003, que ya suman 1.086.

Sin embargo, pese al riesgo innegable para las mujeres y los menores, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apenas un 3% de los casos de violencia de género termina con la suspensión del régimen de visitas a los padres que han ejercido maltrato. Solo el 5,2% de los jueces ordenan la retirada de la guardia y custodia a los agresores como medida cautelar de protección de los menores.