LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ARAGÓN
El Inaga aún no tiene el informe a favor de las eólicas del Maestrazgo
El documento tendría «aspectos negativos» que se intentan minimizar / El riesgo de tornados, rayos y la falta de agua en la zona complicaría el proyecto

Un paisaje de la comarca del Maestrazgo, donde Forestalia plantea instalar 22 parques eólicos. / EL PERIÓDICO
El Periódico
El informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) sobre el macroproyecto de 22 parques eólicos que se prevén instalar en el Maestrazgo todavía está «pendiente», según confirmaron ayer fuentes del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, del que depende el propio Inaga. Un documento clave, «preceptivo», explicaron desde la DGA, que debe recibir el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el organismo competente para realizar la valoración ambiental definitiva del proyecto, que marcará su viabilidad.
Según fuentes consultadas por este diario próximas al órgano de gestión ambiental, un funcionario jefe de área habría elaborado un informe que incluye aspectos negativos del proyecto que se estarían intentando minimizar para ensalzar los aspectos positivos. El plazo para presentar dicho informe ante el Ministerio para la Transición Ecológica concluye mañana. Fuentes del Ejecutivo autonómico incidieron en que el informe sigue «pendiente».
El documento del Inaga no se ha firmado todavía, un mes y medio después de que el consejero de Agricultura de la DGA, Joaquín Olona, afirmara que no se habían detectado «aspectos críticos» en el proyecto. Según dijo Olona a finales de abril, el informe del Inaga se estaba «ultimando» y no planteaba «ningún aspecto crítico en relación con estos parques eólicos que impida su desarrollo». Pero varias semanas después, no se ha presentado todavía.
Cabe recordar que otro estudio elaborado también por el Departamento de Agricultura, pero dependiente del director general de Medio Natural, Diego Bayona, de Podemos, enviado hace más de un mes al ministerio, veía un «máximo riesgo» natural en el macroproyecto de Forestalia y consideraba la zona elegida para la instalación como «relevante para la supervivencia de determinadas especies de fauna».
El informe del Inaga, señalaron desde la DGA, es el único «preceptivo» para el Gobierno central, ya que sin este documento «el ministerio no podría continuar con la tramitación».
Zona de tornados
Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, el informe ambiental sí estaría finalizado, pero recogería varios motivos negativos que podrían hacer que el Ministerio de Transición Ecológica no apoyara esta iniciativa. Se trataría, por un lado, de que el proyecto se plantea en una zona donde suelen registrarse tornados --como ocurrió hace apenas una semana-- y poner allí más de 160 aerogeneradores podría ser «peligroso». Por otro lado, señalaron estas fuentes, se trata de un entorno con una «alta actividad eléctrica» cuando se producen tormentas; y, además, una instalación de estas características necesitaría «3,5 millones de litros de agua para la limpieza de las placas», algo que «no existe» en la zona.
Antes de plasmar la firma sobre este informe y dado que tiene partes negativas, los responsables del Inaga habrían preferido que no se firmara y seguir profundizando en el mismo. Ahora, trabajarían en resaltar los aspectos positivos del informe y en minimizar los riesgos negativos que señala, pero estarían encontrando dificultades para que sea rubricado. Incluso, las fuentes consultadas denuncian ciertas presiones para conseguir el informe favorable antes de que acabe el plazo.
El desarrollo de las energías renovables en la provincia de Teruel y otras zonas de Aragón está despertando un fuerte debate social, con pueblos enfrentados a favor y en contra de los proyectos, manifestaciones en distintas localidades impulsadas, entre otras organizaciones, por la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Además, Teruel Existe ha reclamado en distintas ocasiones una «regulación y planificación» de las renovables para no causar daños en zonas de elevado valor paisajístico, cultural y turístico.
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