El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha dicho «basta» a las «largas» del Ministerio de Transportes sobre la asunción del coste de los servicios de tren que son competencia estatal y anunció este lunes que la DGA dejará finalmente de pagar esos trenes el 1 de julio.
Con esta decisión, salvo un giro de guion inesperado desde el ministerio de José Luis Ábalos, la comunidad autónoma perderá cuatro servicios ferroviarios (el 5% del total) en las líneas que discurren entre Zaragoza, Monzón y Lérida (se pierde un servicio diario por sentido); Teruel y Caudiel (un servicio en cada sentido); y Caspe- Fayón (dos diarios). Dejará sin servicio a centenares de ciudadanos en algunos horarios. Una alternativa que se toma a pesar de la contestación social que actualmente llena los andenes de manifestantes.
El Ejecutivo aragonés toma esta decisión también a pesar del sonoro rechazo de los alcaldes de las diez localidades afectadas (Binéfar, Caspe, Fabara, Fayón, Grañén, Monzón, Nonaspe, Sariñena, Tardienta y Teruel), que exigieron a Soro que siga negociando y que financie los trenes hasta que lo asuma el Gobierno central.
Después de que en marzo el titular de Movilidad ya amagara con dejar de pagar estos servicios, las conversaciones con el Ministerio de Transportes le habían llevado a prorrogar el pago de las líneas para seguir negociando y que desde el ministerio se reunieran con los alcaldes afectados. Pero hubo un punto de inflexión. «Hace unos días, el ministerio cambió de opinión y nos transmitió que no quieren tener una reunión con los alcaldes. Con las manifestaciones que se están produciendo, no se sienten interpelados y les resulta más cómodo que caiga toda la presión sobre mí. Por eso, decidimos reunir hoy a los alcaldes para expresarles nuestra postura», dijo el consejero.
"Es una decisión difícil dejar de pagar, pero tengo la conciencia muy tranquila por defender el interés de todos los aragoneses con lealtad, porque ser leal con el Gobierno de España no significa ser sumiso"
Soro criticó el cambio de postura del ministerio y aseguró que, pese a dejar de pagar, seguirá defendiendo «con uñas y dientes el tren». «Es una decisión difícil dejar de pagar, pero tengo la conciencia muy tranquila por defender el interés de todos los aragoneses con lealtad, porque ser leal con el Gobierno de España no significa ser sumiso».
Ante la escasa predisposición del Ministerio de Transportes a asumir los costes de sus servicios, algo que la comunidad autónoma lleva reclamando casi seis años, la DGA ya ha movido ficha y tiene contratados los servicios de autobús que sustituirían al tren. «No es la solución óptima, pero esta es la única solución posible. No estamos cambiando trenes por buses», insistió Soro, aunque su explicación no satisfizo a los regidores municipales. «Ojalá que no tenga que ponerse en marcha el servicio de bus porque hayamos alcanzado un acuerdo con el ministerio, pero no podemos dejar sin alternativa a los ciudadanos», expresó Soro, y mostró cierta esperanza en poder seguir negociando para llegar a un acuerdo antes del día 30.
Los alcaldes exigen seguir negociando
Pero el territorio no comparte la visión de la consejería. Los diez alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados --de distinto signo político-- se opusieron rotundamente a la decisión «unilateral» del consejero y le exigieron que siga negociando y que mantenga los servicios ferroviarios. «No compartimos la decisión de suprimir los servicios ferroviarios en quince días», empezó la alcaldesa de Tardienta, la socialista Miriam Ponsa. «Mantener y recuperar los servicios sin fecha límite; celebrar una reunión con el ministerio, las comarcas, los ayuntamientos y la consejería; y que los servicios se mantengan, lo pague quien lo pague» son los tres puntos «clave» del consenso alcanzado entre todos los municipios. «Los vecinos no quieren bus, quieren tren», recordó la regidora.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), aseguró que no le sorprende el «plantón» del ministro Ábalos a los alcaldes, pero lamentó el trato del ministerio «a sus vecinos, a sus territorio, a la gente que trabaja». Buj incidió en que «queremos un servicio de trenes, no una discusión sobre las competencias». «Entre un mal servicio o la nada, prefiero lo malo, porque no puede ser que para mejorar un servicio perdamos otros», manifestó, en referencia a la reclamación del consejero de mejorar las frecuencias y la calidad del servicio. La regidora consideró que «si el ministerio deja de poner los trenes, y el Gobierno de Aragón deja de pagar, no se repondrán».
"Entre un mal servicio o la nada, prefiero un mal servicio"
Seguir pagando
La voz unánime de los alcaldes dice que hay que seguir pagando. El alcalde de Monzón, Isaac Claver (PP), apremió a Soro a que «en tanto en cuanto el Gobierno de España no se haga cargo, lo tiene que asumir el Gobierno de Aragón». Los ayuntamientos estarán para «arrimar el hombro», aunque no a nivel económico. «No nos corresponde a nosotros asumir el coste de las líneas, porque no es nuestra competencia, y porque es un gasto irrisorio comparado con los presupuestos del Estado y de la comunidad autónoma», señaló.
La alcaldesa de Caspe, la socialista Pilar Mustieles, pidió «que se extienda la negociación, porque nos parece agotar demasiado pronto las posibilidades de acuerdo» y matizó que para sus vecinos, cambiar el tren por el autobús convierte «un trayecto de media hora en casi dos horas».
Desde Grañén, su alcalde Carlos Sampériz (PP) recordó que «cuando los ciudadanos pagan impuestos, no saben si van a Madrid o a Aragón». «Seguir perdiendo servicios en el medio rural nos aboca a cerrar los pueblos», lamentó. Al finalizar la reunión, los diez alcaldes y el consejero de Vertebración acordaron enviar una carta al Ministerio de Transportes para solicitar una reunión de manera formal. El consejero pidió hacer «un frente común» para poder mantener los trenes.
