El asunto está en la calle, tan de moda que anima al debate, a meter los codos verbales desde el atril, al populismo también. ¿Hay algún ciudadano de a pie que no quiera que se baje el precio de la energía? No hay nadie, no, al menos en sus cabales. Otra cosa es que los políticos sean capaces de explicar por qué de tanto en cuanto se agravan estos problemas, sobre todo impositivos, que afectan a los vulnerables pero también a la clase baja y a la media, machacada otra vez. Hasta ahí todos están de acuerdo. Mientras el debate ético se queda en la superficie, unos preguntan y apuntan a los dirigentes de Aragón y estos derivan respuestas a Madrid. Tan de actualidad está que dos consejeros del Gobierno de Aragón han comparecido este jueves en sesión plenaria para hablar del tarifazo.

José Luis Saz (Cs) ha arrancado la mañana en las Cortes con un dato: "La luz ha subido 37 euros en los últimos 15 días", ha dicho el portavoz de la formación naranja, que ha apelado a la sensibilidad de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, a la que ha pedido que proteja a todos. "A eso venimos, a que nos proteja", ha incidido Saz, que ha recordado que aquí "sube todo", en referencia también a la gasolina y el butano, preocupado porque junio puede marcar "un récord histórico en el coste del consumo de energía", lo que agrava la emergencia social porque los que eran vulnerables "hoy lo son más", los que estaban en el límite "han caído", y así...

No obstante, en lo que más ha incidido Saz es en que estas subidas coartan la autonomía personal. "Se juega con la libertad de las personas porque se les está obligando a cambiar sus costumbres. Lo que deben hacer es proteger a los consumidores, pero esta vez se han pasado", ha afirmado el de Cs, a quien la consejera Broto ha respondido que no puede hacer "nada" sobre las tarifas eléctricas porque "desde el Gobierno de Aragón no podemos influir", además de recordar que lo que se pide desde Europa "es precisamente un cambio de costumbres y un menor uso de combustibles fósiles".

Broto se ha centrado en los consumidores vulnerables y ha recordado que una de las primeras medidas que tomó este Gobierno "fue que no se pudieran producir cortes eléctricos", a lo que Saz le ha replicado que ciertamente los vulnerables están atendidos y que la "verdadera preocupación" está en los usuarios. "Es algo que está en la calle, estamos preocupados porque hablamos del incremento en suministros básicos y veo poca intención de corregir el tarifazo".

A Saz no le parece tolerable que desde Europa digan "a qué hora tengo que comer o ver la televisión", ha enfatizado. "Los hábitos hay que respetarlos mientras no generen daño. Pero ahora ver la tele de 8 a 10 de la noche es un 400% más caro", algo que no ocurre en Europa, donde la factura es más barata, ha asegurado el portavoz del grupo naranja, que le ha pedido a Broto que hable "con Garzón, que dice estar muy preocupado por la subida de la luz pero no se ha debido de enterar de que es ministro".

La consejera ha recalcado que el dinero que llega de Bruselas "viene condicionado a una Europa más verde", aunque ha admitido que el suministro eléctrico es "un bien de primera necesidad y hay que hacer una reflexión porque hay cosas que se pueden hacer para mejorar el uso de la energía".

Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, ha pedido que se haga frente a la pobreza con coordinación por que no es coyuntural sino estructural y ha afirmado que se está actuando, sobre todo, "en situaciones de pobreza severa y no en la pobreza en toda su amplitud", ha dicho el portavoz de IU antes de que David Arranz, de Vox, asegurase que la Agenda 2030 "es una gran mentira" y que "igualan a la población por abajo destruyendo a la clase media", en lugar de bajar el IVA como han hecho ya en muchos países de Europa.

Carmen Martínez, de CHA, ha admitido que la luz "va subiendo de una forma incomprensible y abusiva", pero que se cuenta con el bono social y en Aragón, además, "con la Ley de Pobreza Energética", ha dicho la aragonesista, que ha entrado en los oligopolios al hablar de "suministradores multimillonarios" como Endesa, Iberdrola o Naturgy, algo en lo que ha incidido Vanesa Carbonell, de Podemos, que ha asegurado que no se puede "dejar en manos de un oligopolio energético" y que "hay que crear" una empresa eléctrica.

Marian Orós (PP) ha asegurado que la subida "machaca a los grupos más tocados" y que no se puede obligar a cambiar los hábitos a los más vulnerables, "que encienden el calefactor eléctrico cuando sus hijos vuelven del colegio". "¿Los aragoneses pueden esperar algo de usted?", le ha cuestionado a Mariví Broto antes de que la socialista Pilimar Zamora alterase a los diputados al hablar de un discurso "que genera confusión y es frívolo" y de recordar que la factura de la luz "nos preocupa siempre, no solo ahora como a ustedes", ha dicho en referencia al PP, al que ha acusado de que su preocupación "no es el precio de la energía sino desgastar al Gobierno", pese a que en dos años se han multiplicado por 4 "las personas que acceden a los descuentos", algo en lo que ha incidido Broto: "No se pueden usar soflamas ni sembrar incertidumbres en algo tan serio", ha rematado la consejera, que ha agradecido las palabras de Esther Peirat (PAR) al hablar de que la protección social "ha funcionado entre todos gracias a los avances" y de que es un bien que hay que abaratar.

Por ahí se ha ido muriendo una porfía ética a la que, de momento, nadie pone una solución. «Es uno de los debates más complejos que hay», abrió su intervención Arturo Aliaga, consejero de Industria, que ha opinó que la decisión de la subida «no es política sino estructural» y admitió que «algo habrá que corregir» porque la energía no puede pagarse a 90 euros el megavatio, aunque no solo tocando los impuestos se conseguirá reducir la factura si se han disparado los costes de CO2 o el precio del gas».

En el turno de los portavoces del cuatripartito, Leticia Soria (PSOE) ha tachado de «surrealistas y demagogas» las intervenciones de quienes se proclaman partidos liberales «pero apelan al intervencionismo», y Nacho Escartín (Podemos) ha remarcado que lo que hace falta es un Gobierno «con valentía» para cambiar el rumbo y la posibilidad de crear una empresa publica que controle los precios.

Joaquín Palacín, de CHA, ha hecho hincapié en que los problemas comenzaron con la privatización de Endesa, y Jesús Guerrero, del PAR, ha cerrado el debate mucho antes de que se acabara: «¿Depende del Gobierno de Aragón que suba la luz? Medítenlo y yo ya me tendría que ir, se ha acabado el debate».