Una ardua investigación en el 2019 de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en la que fue fundamental la valentía de un testigo protegido que dos años después sigue sufriendo amenazas, permitió desmantelar un grupo organizado que se dedicaba, supuestamente, a la trata de seres humanos para la explotación laboral en una red de fruterías paquistanís de Zaragoza. Ayer seis miembros se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza con una petición de prisión de hasta 10 años que solicitó la fiscala.

Todos y cada uno de ellos negaron la acusación e incluso conocerse más allá de verse en Mercazaragoza adquiriendo las frutas y verduras que posteriormente vendían en sus establecimientos. De hecho, todos ellos se erigieron como meros comerciantes, rechazando la investigación policial llevada a cabo en la que se asegura que se servían de mano de obra ilegal procedente de su propio país.

Los agentes que realizaron las labores de vigilancia aseguraron que pudieron constatar la presencia de cuatro trabajadores en explotación que habían sido captados en su país de origen con la falsa promesa de un trabajo legal en España y de permiso de residencia. Unas pesquisas en las que también participó la Inspección de Trabajo.

La representante del ministerio público realizó una batería de preguntas en torno al atestado policial en el que se señalaba que para eludir controles policiales, los inmigrantes eran obligados a atravesar a pie por zonas fronterizas no vigiladas entre Pakistán, Irán, Turquía, Grecia, países del Este e Italia, desde donde eran conducidos finalmente hasta España.

8.000 euros por viajar a España

Una vez en España, viaje por el que debían abonar a la red 8.000 euros, eran trasladados a la capital aragonesa, empadronados y hacinados en dos pisos de la misma organización en los que debían compartir un mismo camastro dos personas. Pero a este modus operandi los encausados respondieron con negativas.

Ante la evidencia de que en el momento de la detención había trabajadores ilegales en el interior de sus establecimientos, los procesados afirmaron que estas personas no eran empleados como tal, sino personas que les pedían ayuda porque tenían necesidades económicas y que les «dejaban» cargar y descargar camiones u organizar las tiendas a cambio de algo de dinero. Añadieron incluso que a alguno de ellos le dejaron una casa en la que estar, especialmente por el hecho de ser compatriotas.

Esta presunta bondad colisionó con la declaración de esos trabajadores. Más en concreto de los propuestos por la acusación pública, ya que los propuestos por las defensas dijeron que trabajaban unas ocho horas y que cobraban unos 1.500 euros con una condiciones laborales buenas.

Otros contaron lo contrario. Uno de ellos, que tan solo pudo trabajar un par de semanas hasta que la Policía Nacional desplegó el operativo, explicó que trabajaba desde las 4.30 horas hasta las 14.30 por 20 euros al día y sin ningún tipo de contrato. Ante ello, el abogado de uno de los acusados, Ignacio Sarraseca, le preguntó si lo hacía de forma voluntaria y este joven le contestó que sí.

Una posición muy diferente a la del paquistaní que denunció y que está siendo protegido. Este manifestó que trabajaba más de 16 horas al día, sin sueldo y con una comida diaria. Asimismo, compartían el mismo camastro para dormir.