Las palabras del presidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que daba la «bienvenida» a los indultos a los presos independentistas catalanes, con el condicionante de que esto ayudara a normalizar la situación política en Cataluña, no han gustado a los dirigentes de las principales organizaciones patronales de Aragón. El asunto ha levantado ampollas entre el empresariado de la comunidad que, según los dirigentes consultados, se alinea mayoritariamente en contra de esta medida de gracia que estudia conceder el Gobierno de España.
A pesar de ello, alguno líderes autonómicos optaron por no alimentar la polémica, como el presidente de la CEOE Aragón, Ricardo Mur, que eludió la crítica a su jefe de filas y recordó que había matizado sus declaraciones para dejar claro que la patronal no se posiciona sobre este espinoso asunto. Por este mismo motivo, no quiso expresar con claridad su posición sobre los indultos. «En CEOE hay una diversidad de opiniones», señaló.
No obstante, Mur subrayó que lo empresarios aragoneses y españoles «estamos en defensa de la Constitución y del Estado del Derecho, donde todos tenemos que respetar el marco de convivencia». En esta línea, defendió que «los actos deben tener sus consecuencias», en alusión a las condenas por sedición y malversación a los líderes del procés.
El secretario general de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, fue más preciso y expresó su rechazo nítido a los indultos, «de dudoso encaje en el ordenamiento constitucional», al tiempo que opinó que Garamendi se había «equivocado» con las valoraciones iniciales sobre el asunto.
A su juicio, las organizaciones empresariales «no deben distanciarse de sus objetivos, que son prestar y defender a los empresarios». Y menos, agregó, con un «tema sensible» como este y «en contra de la opinión de la mayor de los españoles». López de Hita cree que un líder empresarial debe hablar sobre esta controvertida medida «con mucho tacto y respecto y teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de los asociados».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), Salvador Arenere, manifestó que «tal vez» las declaraciones de Garamendi no fueron suficientemente meditadas y efectuadas sin recoger la opinión de los empresarios a los que representa. «Prueba de ello son las rectificaciones posteriores, que sin duda obedecen a los comentarios y posibles llamadas de los representantes de la CEOE en las territoriales».
«La justicia les condenó en su día por no respetar la ley y la constitución, cometiendo un delito penado en nuestro marco legal», dijo Arenere, que se refirió a la ausencia de arrepentimiento y a las declaraciones permanentes de que lo volverán a hacer, algo que sin duda «solivianta la opinión de los empresarios y los directivos y, por lo tanto, de una parte importante de la opinión pública, ciudadanos que si no cumplen la ley saben que van a ser juzgados y sin derecho a indultos».
El origen de la polémica
Garamendi defendió el pasado jueves a primera hora, en una entrevista a La2 y Radio 4, que el Gobierno de España conceda los indultos a los líderes independentistas que llevan tres año y medio en prisión si ello contribuye a que la situación política se «normalice», puesto que se trata de una herramienta amparada por el «Estado de Derecho». «Si las cosas se normalizan, bienvenidos sean», zanjó. También pidió «tranquilidad, confianza y estabilidad» para que la economía funcione y opinó que el «diálogo» es «bueno».
Horas más tarde, tras participar en las jornadas económicas del Círculo de Economía de Barcelona, el presidente de la CEOE matizó después sus palabras y aseguró que la entidad no va a tener «una opinión taxativa» sobre los indultos a los dirigentes soberanistas, porque hay diversidad de opiniones entre los empresarios, si bien recordó que la Constitución «permite» esta medida.
«Eso no significa que nosotros tengamos opinión, porque hay empresarios que creen que debe ser de una manera y otros lo ven de otra», aseveró. A la pregunta de si los indultos podrían contribuir a la normalización, Garamendi respondió que no le correspondía contestar, porque «soy el presidente de la CEOE y no soy político». En esta línea, defendió «la legalidad» y la Constitución, y ha opinado que hay un «espacio enorme» para hablar dentro de ese marco legal.
Encuesta de opinión
Dos de cada tres aragoneses rechazan la posibilidad de que el Gobierno central apruebe el indulto a los condenados por sedición en Cataluña por el procés. Un porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta, por ejemplo, que a nivel nacional la media es del 53 % en el conjunto de España y que solo el 73% registrado en Andalucía supera la rotundidad con la que se opone Aragón.
Así lo desvela una encuesta elaborada por la consultora Ipsos, de la que se desprende, aparte de ese dato de que más de la mitad de los españoles está en contra, que uno de cada tres está a favor de concederlos (un 29%) y casi uno de cada cinco (un 18%) no tiene una opinión al respecto.
