El Aragón rural no quiere perder el tren, pero se lo están poniendo difícil. A la vuelta de la pandemia, con el regreso a la normalidad, los usuarios de los ferrocarriles que atraviesa Aragón se han dado cuenta de que se suprimieron o se van a suprimir servicios alegando falta de demanda y que ahora no se ponen en marcha de nuevo. Por eso este domingo, a la una del mediodía, van a cortar las vías en señal de protesta en más de 40 estaciones y apeaderos de toda la comunidad.
«Su coste es de cuatro millones anuales para la Administración autonómica, pero esta ha anunciado que no va a poner esa suma», denuncia Vicente Guerrero, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Monzón.
En esta situación se encuentran las líneas que pasan por Huesca, Monzón, Caspe, Teruel, Calatayud y Alagón. Es decir, los servicios de corta y media distancia dentro de la comunidad. «Nos van a quitar el tren que sale de Nonaspe a las 6.25 y que llega a Zaragoza a las 8.30 horas, que en adelante saldrá de Caspe», lamenta Maite, una residente en la localidad del Bajo Aragón-Caspe. «La gente está preocupada, pues es un servicio que hace un gran papel a personas que van al médico, a los estudiantes y a todo el que no tiene coche…», afirma.
En su lugar, la Diputación General de Aragón ha anunciado que pondrá un autobús que recogerá a los viajeros en los pueblos afectados y los llevará a Caspe para que suban al tren.
«Esta medida ha provocado un enfado monumental en la gente, puesto el trayecto en tren dura 27 minutos y en autobús costará una hora y media llegar a Caspe dando tumbos por las carreteras de la zona», recalca Pilar Mustieles, diputada provincial y alcaldesa de Caspe. «Determinados políticos se llenan la boca con la España vaciada y luego cierran servicios que son fundamentales para mantener y fijar la población», explica la regidora. «Con esta decisión, nos aíslan todavía más a las zonas rurales», continúa.
El problema lleva varios años amenazando al transporte por ferrocarril en las líneas secundarias, que en Aragón lo son todas si se exceptúa la del AVE.
«En el 2019 ya hicimos una manifestación en defensa del ferrocarril cuando nos dimos cuenta de que habían cerrado la ventanilla de venta de billetes de Monzón», señala Guerrero.
El cierre de la taquilla es un primer síntoma negativo, dice Guerrero. Como lo es también la supresión de los interventores y otros miembros del personal. O las máquinas expendedoras que se averían y no se reparan.
Ahora Monzón y su entorno se exponen a la pérdida de un tren de la tarde. «Eso va a causar un terrible daño a los usuarios, pues lo utilizan muchos trabajadores que tendrán que recurrir a hacer rueda de coches para poder ir o venir a su puesto de trabajo», comenta.
Monzón es un paradigma del declive del ferrocarril en la España interior. «Antes, hace años, pasaban 15 trenes al día entre Madrid y Barcelona y ahora se han quedado reducidos a tres», dice el portavoz de la plataforma local en defensa del tren.
«Nos proponen un autobús con salida en Delicias y que pasará por los pueblos afectados, dando vueltas de un lado para otro, para tardar mucho más en hacer el mismo recorrido», protesta Guerrero, que teme que todos los servicios que va perdiendo el medio rural «nunca se vuelvan a recuperar».
«Desde el 2012 se han suprimido el 40% de los trenes de Aragón y, si ahora sigue adelante la decisión de recortar las relaciones ferroviarias se suprimirán de un plumazo 4.000 trenes al año en Aragón», asegura Pepe Sanz, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Caspe.
«No sabemos por qué la DGA, con el consejero Soro a la cabeza, se ha cargado esos cuatro millones que pone para subvencionar estos servicios», manifiesta. En su opinión, es el Gobierno central el que debe asumir el coste, en virtud del mantenimiento de los servicios públicos obligatorios, de los que el ferrocarril forma parte.
