Víctor Francos Díaz (Cerdanyola del Vallès, 1979) es desde hace cuatro meses secretario de Estado de Política Territorial, es decir, el número dos de la cartera ministerial que lidera Miquel Iceta. Hasta entonces había ejercido como jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y ha dirigido la campaña de las autonómicas catalanas que culminó con la victoria en votos de los socialistas. Tiene raíces sorianas y turolenses –su madre era de Gargallo– y el pasado viernes visitó Zaragoza para firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación Manuel Giménez Abad.

¿En qué situación está el impulso del próximo fondo de inversiones de Teruel (Fite)?

Hemos tenido un contacto (el pasado viernes) con Mayte Pérez (consejera de Presidencia de la DGA), breve pero suficiente para confirmar que la consejería ya ha hecho llegar al ministerio los primeros proyectos y, si las agendas encajan, en julio el ministro firmará el Fite de 2022, un acuerdo que recogerá los proyectos y el dinero a destinar. Si no es posible, será las primeras semanas de septiembre. Los plazos se están cumpliendo y trabajamos con plena sintonía entre ambas partes.

¿Se plantean revisar este plan?

El Fite es un modelo de éxito. Eso es innegable. Se han hecho inversiones como las del aeropuerto de Teruel o Dinópolis. El Fite funciona. Ahora bien, lo que se ha pretendido y conseguido es recuperar algunos dineros que no se habían ejecutado en tiempo y forma fruto de las dificultades que generar la tramitación administrativa. Y aunque la firma del convenio se produzca a mediados de año, sus efectos son desde comienzos del año. En ningún caso se pierde nada. Pero aunque solo sea por un tema de forma, imagen y compromiso, hemos querido junto al Gobierno de Aragón firmar en el curso anterior de su entrada en vigor. Luego requerirá una previsión presupuestaria, pero el compromiso del Gobierno de España es firme en este tema y no hay ninguna duda sobre su continuidad.

A pesar de ello, en Teruel hay una sensación de agravio que ha impulsado a Teruel Existe. ¿Cómo hacer frente a este desafío?

Soy de la opinión de que tenemos que ir con cuidado con determinados posicionamiento que pueden llevar a una cierta cantonalización, por una expresión colectiva de un cansancio o una sensación de agravio. El proyecto del Gobierno con esa España, que más que llamarle vaciada diría que tiene problemas de densidad y tensión poblacional, es para resolver de forma global esa realidad. No un proyecto para Teruel, Soria o Cuenca. Eso necesita de un poco de calma, mucha generosidad y políticas muy transversales. Por ejemplo, con la aplicación de las 133 medidas de Reto Demográfico y la implementación de los fondos europeos para ese fin.

¿Qué va a hacer el ministerio para acotar la abusiva temporalidad laboral en la Administración?

Hay que dar una solución y tenemos un proyecto muy ambicioso. El compromiso con Europa es la estabilización en tres años de los 300.000 empleados públicos que estimamos que están en abuso de temporalidad por ocupar más de tres años un puesto estructural. Para hacerlo, la propuesta es doble. Primero la solución pero después evitar que vuelva a ocurrir, lo que requiere una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público. Para la gente que está ya en esa situación ofrecemos todas las facilidades para su estabilización mediante un concurso-oposición con valor en un 40% el mérito y la capacidad por haber ocupado el puesto que se convoca, pero no puede ser un sistema que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de la Constitución española. De lo contrario, ponemos en riesgo la propia solución del problema y entraríamos en choque con otros intereses, como los de quienes estudian para opositar.

La digitalización de la Administración es una asignatura pendiente que la pandemia ha puesto de relieve. ¿Cómo se va a tratar de resolver esta carencia?

Tenemos 1.000 millones de euros para digitalización y modernización de la Administración, de los que aproximadamente 600 van a ir a las comunidades autónomas cuyo reparto se hará en una conferencia sectorial este mismo mes de julio. Y otros 400 millones son para los municipios o entidades locales. A partir de ahí vamos a determinar en qué temas se puede gastar el dinero, pero básicamente será en software, hardware y formación de trabajadores públicos y de ciudadanos, en proyectos como, por ejemplo, la digitalización de un procedimiento.

¿Que hay de la comisión bilateral Aragón-Estado?

Quedamos con la consejera Mayte Pérez y su equipo que el Gobierno de Aragón iba a hacernos una propuesta de los temas a tratar en la comisión. En el momento que tengamos un orden del día concreto, no tardaremos en convocarla.

¿Se prevé el traspaso de alguna competencia a la comunidad?

Ahora mismo, que yo recuerde, no hay nada pendiente.

La cogobernanza se ha intensificado con la crisis sanitaria.

Hay más cogobernanza de lo que pensamos ahora y antes. Nosotros estamos permanentemente hablando con las comunidades autónomas. En España, por desgracia, en algunos ámbitos políticos hablar mal de la descentralización se ha considerado que tenía rédito electoral y lo hacen envolviéndose en la bandera, que por cierto patrimonializan erróneamente. Se equivocan profundamente porque no hay nada más constitucional que la cogobernanza. La pandemia ha puesto de relieve que hay cosas en las que no podemos trabajar solos. Y la cogobernanza más importante que ha aparecido y vamos a tener que cultiva es la europea. Si las vacunas hubieran tenido que ir a comprarlas al mercado libre como las mascarillas, hoy estarían vacunados solo algunos y no los más necesitados.

Pero la cogobernanza también ha sido motivo de conflictos.

He visto a la Comunidad de Madrid defender que era mejor su modelo y ahora vemos que fue la autonomía donde más aumentó la mortalidad en el año 2020, con un incremento del 37,8%, siete puntos más de la siguiente región.

¿Qué lecciones extrae de su etapa con Illa en plena pandemia?

Cuando todo parece un desastre, la gente en quien confía es en la Administración. Me gustaría que una parte del ámbito político no viera en todo una oportunidad electoral y menos en una pandemia, de la que sale un país más fuerte y que entiende que lo común y lo compartido tiene más premio que ir solo, como se ha visto con el éxito de la vacunación.

Iceta siempre ha abogado por el federalismo, ¿hay consenso para avanzar en este modelo?

Se está avanzando ya. La España descentralizada es una realidad y es un modelo en el que hay que profundizar. No hay que tener miedo a cumplir la Constitución. Es un tema consolidado, no solo en las comunidades históricas como Galicia, Euskadi o Cataluña. Ninguna comunidad permitiría ahora recentralizar competencias. Por cierto, dirigentes del PP como Feijoo y Moreno Bonilla están encantados con la descentralización.

¿Por qué considera convenientes los indultos del ‘procés‘?

Estamos en disposición de abrir un tiempo nuevo. En Cataluña, no puedes esperar que pasen cosas diferentes haciendo lo mismo. También sabemos algunas cosas, como que los dos referendos ilegales que ha habido en este país se los hicieron a Rajoy y con él fue también cuando Puigdemont declaró la independencia. Quienes hicieron eso han ido a la cárcel, no se han ido de rositas. Los indultos es una figura plenamente constitucional y una manera de hacer algo diferente para ver si puede pasar algo diferente. También espero que este gesto sea entendido en los dos lados. Todo el mundo debe mover posiciones. Y ante todo es una solución al conflicto que vive Cataluña internamente. Son un bálsamo para los catalanes, no solo para los condenados. La mayoría de ellos quieren pasar página y esta es la primera piedra para construir algo nuevo. El presidente Sánchez es muy valiente en dar este paso.