La apertura de la necrópolis del Valle de los Caídos para la exhumación de las víctimas republicanas allí enterradas desde el final de la guerra civil puede ser ya cuestión de muy poco tiempo.

Este avance de la causa de la memoria histórica se debe a que hoy mismo la junta de gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha aprobado la licencia municipal de obras para la recuperación de los restos óseos de 60 personas reclamadas por sus familiares, entre ellos los de los hermanos Lapeña, que fueron fusilados por los sublevados franquistas en 1936 y enterrados inicialmente en Calatayud para, en 1958, trasladarlos arbitrariamente a Cuelgamuros, donde en 1975 sería enterrado el dictador Francisco Franco.

“Esperemos que esta vez no se demore más la exhumación, pues llevamos 12 años haciendo gestiones para que se lleve a efecto”, ha señalado Miguel Ángel Capapé, responsable de Arico, una entidad aragonesa para la recuperación de la memoria histórica cuya esposa está emparentada con los dos represaliados que yacen en el Valle de los Caídos.

“Oficialmente no nos han dicho nada, pero creemos que ya toca llevar a cabo la extracción de los restos”, manifiesta Capapé, que ha pedido a los responsables gubernamentales que se permita la presencia de los familiares de los hermanos Lapeña en algún momento de las labores de extracción, que pueden durar varios días dada la dificultad existente por el deterioro de la necrópolis.

Una labor lenta y delicada

Los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás se encuentran en el tercer nivel del gigantesco cementerio, entre centenares de féretros que pueden convertirse en polvo en cuanto sean removidos.

“Es una labor delicada, las cajas tendrán que ser extraídas una a una”, ha dicho el representante de Arico, que ha asegurado que “ahora solo es cuestión de voluntad política llevar a cabo la exhumación”.

Capapé se ha referido a un tuit de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que esta muestra su satisfacción por el nuevo paso adelante en el proceso de normalización del Valle de los Caídos iniciado cuando, en octubre del 2019, los restos de Francisco Franco fueron trasladados al cementerio de Mingorrubio, donde se halla el panteón de los Franco.

La decisión del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se produce después de que, el pasado mes de marzo, el Gobierno central aprobara en Consejo de Ministros una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos y cuyas familias reclaman desde hace años.

Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas -casi la mitad sin identificar- de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.

Larga batalla legal

Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se han demorado desde entonces.

Los presupuestos generales del Estado para 2021 ya prevén una inversión de 11,3 millones euros para impulsar las políticas de Memoria Democrática, entre las cuales destaca un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura junto a la creación de un banco nacional de ADN y un censo de víctimas.

La memoria de objetivos del presupuesto detalla que con esta partida se presupuestan "actuaciones de intervención" en las criptas del cementerio ubicado en el enclave para "realizar las tareas de exhumación que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos allí depositados".

Represión en la guerra civil

En las primeras semanas de la guerra civil española fueron detenidos el veterinario y un herrero de Calatayud, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.

Manuel Lapeña, además de delegado de veterinaria en el municipio era un miembro destacado de la delegación sindical de la CNT en la zona. Fue fusilado por los sublevados el 14 de agosto de 1936 en el llamado barranco de la Bartolina, sin juicio previo.

Por su parte, su hermano Antonio, herrero y simpatizante del movimiento obrero, fue fusilado en las tapias del cementerio municipal el 20 de octubre tras permanecer huido varios meses. Tampoco hay una condena a muerte previa. Ninguno se había visto envuelto en acciones violentas.

En 1958 los restos que se encontraban en la fosa común fueron trasladados a nueve columbarios, sin registros ni permisos, del recién levantado Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en el paraje de Cuelgamuros.

Proceso por la vía civil

En noviembre del 2014 sus familiares iniciaron un proceso por la vía civil para reclamar que fueran identificados y exhumados y en mayo del 2016 un juzgado de San Lorenzo del Escorial emitió un auto aceptando la reclamación al reconocer el derecho "a la digna sepultura" de ambos hermanos.

En el texto, firmado por el magistrado José Manuel Delgado, se establece "la realización de las actuaciones pertinentes en el cementerio del Valle de los Caídos a los efectos de llevar a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos a su familiar Purificación Lapeña Garrido tras la identificación positiva de los mismos, con el fin de darles digna sepultura".