Aragón ya cuenta con una nueva ley del presidente, que es la que regula la actividad y la casuística que rodea al cargo del jefe del Ejecutivo de la comunidad. Las Cortes aprobaron ayer el dictamen que salió de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el Proyecto de modificación de la Ley 2/2009, no sin debate político, porque desde los principales grupos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, afearon al Ejecutivo cuatripartito haber intentado preservar los aforamientos. Una máxima que rechazaron los cuatro socios del Gobierno, que defendieron que la única modificación se limita a darles al presidente y los consejeros «las prerrogativas» de que disponen según el propio Estatuto de Autonomía, norma de rango superior a la ley del presidente ayer votada.

«Esta ley tiene que tener vocación de permanencia», empezó la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, que defendió que con sus enmiendas han intentado «evitar la discrecionalidad del Gobierno en su potestad legislativa y en la utilización del trámite de urgencia». Y reprochó al Ejecutivo que intentara «colar» un artículo para afrontar los aforamientos. «Menudo papelón para los señores de Podemos. El PSOE manda y los demás asienten por un puñado de sillones», denunció.

La diputada de Cs, Beatriz García, también criticó la intención del Gobierno de «cambiar las prerrogativas de sus miembros» aunque luego «se limitaran a incluir lo que prevé el Estatuto». «Esta era una reforma muy técnica y entendemos que se sustrajo al resto de grupos de la oposición la posibilidad de presentar enmiendas a toda la ley del presidente», lamentó. Y el diputado de Vox, David Arranz, aseguró que el aprobado es un «texto descafeinado que deja el aforamiento en lo que dice el Estatuto de Autonomía». El portavoz de IU, Álvaro Sanz, lamentó que «queda mucho por andar» para avanzar en transparencia.

El portavoz socialista, Darío Villagrasa, denunció que el de los aforamientos era un «debate absolutamente artificial» ya que lo único que hizo el Gobierno fue adaptar el texto para que, cuando se afronte la reforma del Estatuto de Autonomía y se efectúe dicho debate sobre los aforamientos, «no sea necesario volver a abrir la reforma de la ley del presidente».

Esta era una de las once propuestas normativas que caducaron al final de la pasada legislatura y que, tras el parón legislativo a causa de la pandemia, a comienzos de año se retomó mediante el proceso de tramitación ordinaria.