Después de varios intentos, el Gobierno de Aragón quiere dar un impulso definitivo a la ley de economía social, que los responsables de la DGA esperan que suponga un empujón a este sector que tanto ha crecido en los últimos años en la comunidad. Bajo esta definición caben todas aquellas compañías cuya razón de existir no sea solo la búsqueda y obtención de beneficios y rendimientos económicos. Han de ser viables, sí, pero su prioridad es aportar soluciones a la sociedad y velar por el bienestar de la misma y de sus trabajadores. Ahora, cuando la tramitación parlamentaria termine, contarán con una norma propia que regulará su funcionamiento.

Dentro de la economía social caben las entidades del tercer sector, las cooperativas (también las agrícolas) y en 2011 ya se aprobó una normativa estatal que pretendía establecer los parámetros bajo los que se conforma este sector. Así, según esta norma se denomina economía social «al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que [...] persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos».

Ahora, desde el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, que lidera Marta Gastón quieren que la comunidad cuente también con su propia norma. Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Ya en la anterior legislatura, que acabó en 2019, la mesa del parlamento aragonés tuvo entre sus manos un proyecto de ley similar pero la cámara de diputados se disolvió antes de que la norma pudiera aprobarse.

Entonces, en aplicación del artículo 338 del reglamento de las Cortes de Aragón, una vez disuelto el parlamento o expirado su mandato, todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la cámara caducan, «habiéndose hecho necesario iniciar una nueva normativa» con respecto a la economía social, según explica el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El turno de las Cortes

A pesar de este traspiés, todo este tiempo se ha utilizado, según Gastón, para enriquecer el proyecto de ley y recoger las aportaciones y opiniones de las empresas del sector y de los agentes sociales. Así, espera la consejera de Economía, la nueva norma será más completa, aunque falta por ver cómo queda tras el debate que se lleve a cabo en las Cortes y las enmiendas de los diferentes partidos políticos.

Ya en la actual legislatura, el 12 de noviembre de 2019 se puso en marcha un grupo de trabajo que aportase ideas para la elaboración del anteproyecto. Entre otros actores, participaron en el debate entidades como la Asociación de Economía Social de Aragón (Cepes), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la Confederación Española de Empresas de Formación.

El objetivo del Gobierno de Aragón con esta nueva norma, no es otro que fomentar este tipo de economía, regular y visibilizar el sector, y dar respuesta a la creciente relevancia de estas entidades. Todo ello, «reconociendo su importante aportación a la sociedad e impulsando su capacidad de generar un modelo de desarrollo económico y social equilibrado y sostenible», explicó la DGA.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto de ley se basa en tres aspectos claves. El primero de ellos es el reconocimiento, impulso y fomento de las entidades sociales de Aragón en todos los ámbitos de la sociedad aragonesa, con especial atención al educativo, al medio rural y al empleo, poniendo en valor este sector económico.

En segundo lugar, se pretende facilitar la aparición de este tipo de empresas acortando los plazos administrativos y la burocracia. La ley, de aprobarse como consta en el proyecto, permitiría coordinar e instrumentar las políticas y medidas de apoyo, incluidas las económicas y las dirigidas a reducir progresivamente las trabas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector.

Y como tercer pilar, la norma apuesta por integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la creación del Consejo de la Economía Social de Aragón, que permitirá aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y «estimular la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio».

5.000 entidades en todo Aragón

El impulso de esta nueva ley, explica el Gobierno de Aragón, se enmarca en su apuesta «por fomentar y difundir este sector en nuestra comunidad autónoma», que continúa creciendo tanto en materia de empleo como en el porcentaje del valor añadido bruto (VAB) que representa.

En Aragón existen algo más de 5.000 entidades de economía social, que representan cerca del 6% del total de empresas existentes en la comunidad y dan empleo directo a alrededor de 20.000 personas (el 3,4% del empleo total aragonés). Estas entidades facturaron más de 2.500 millones euros en 2019, y contribuyeron al desarrollo económico de Aragón generando un valor añadido bruto cifrado en más de 400 millones de euros, lo que supone el 1,2% del total territorial.

La consejera Marta Gastón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, advirtió que esta ha sido una de sus prioridades y que ya en la conformación de su equipo tuvo en cuenta este tipo de empresas. Por ello se creó la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, que dirige María Soledad de la Puente Sánchez.