El grupo empresarial Abertis ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 348 trabajadores de varios de los servicios de autopistas de peaje que gestiona en España, entre ellas la AP-2 que discurre entre Aragón y Cataluña. En concreto, el peaje en el tramo entre Alfajarín y El Vendrell (Tarragona). El recorte de personal, sin embargo, tendrá un impacto mínimo en la comunidad, ya que la práctica totalidad de los cerca de 20 empleados aragoneses serán subrogados para seguir trabajando en tareas de mantenimiento con el contratista que gane la licitación pública del este servicio, según informaron a esta diario fuentes de UGT y CCOO.
«Como mucho puede haber uno o dos despidos», apuntaron desde la parte social, que está a la espera de que la empresa le entrega la documentación detallada sobre los afectados por el ere.
El sector de carreteras afectado en Aragón es el número cuatro de Zaragoza, que incluye el tramo de la AP-2 de Alfajarín al límite provincial entre Huesca y Lleida, entre los puntos kilométricos 18,126 y 120,550.
Las sociedades Acesa, Invicat y Autopistas España anunciaron el pasado martes el inicio de las negociaciones con los sindicatos para efectuar esta reestructuración, que justifican en la finalización de concesiones en la licitación del servicio, previstas a partir del 31 de agosto, según señalaron en un comunicado.
Indemnización de 33 días
Abertis comenzará a negociar las condiciones del despido colectivo ante el fin de concesiones en tramos de la AP-2, la AP-7 y las C-31, C-32 y C-33. No ha sido una sorpresa para los trabajadores, que ante el anunciado fin de las concesiones ya esperaban este desenlace.
La compañía ya efectuó en febrero y en junio del 2020 dos eres que se cobraron 300 puestos de trabajo, la mayoría en Cataluña, en los que alegó el descenso de facturación provocado por el descenso de la movilidad durante la pandemia, según explican fuentes sindicales consultadas.
De la actual plantilla que gestiona los tramos afectados por el fin de concesiones, unos 250 trabajadores realizan tareas de mantenimiento y serán subrogados al contratista que gane la licitación del Ministerio de Transportes para la conservación de la carretera. El resto, esos 348 trabajadores cifrados por la empresa, ser verán afectados por el ere.
Según las condiciones pactadas en convenio, la indemnización mínima que deberá proveer la compañía en este caso será de 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades.
