Las empresas, pymes y autónomos de Aragón ya pueden solicitar desde este lunes las esperadas ayudas directas aprobadas por el Gobierno de España el pasado mes de marzo, que contemplan 141,3 millones de euros para la comunidad. La expectación era máxima pues estos fondos son vistos por muchos negocios como un salvavidas para cubrir parte de las pérdidas sufridas por culpa de la pandemia y las restricciones aplicadas para paliar los contagios. Pero también persisten los recelos, por la tardanza en su puesta en marcha y algunos de los requisitos exigidos para su concesión. La gestión de estos fondos es cosa de la DGA, que no ofreció por ahora datos sobre el número de solicitudes recibidas en el estreno de este mecanismo de impulso.
Todo hace indicar que no hubo una avalancha de expedientes, según fuentes empresariales, que recuerdan que el plazo para pedir este apoyo económico se extiende hasta el 10 de septiembre.
Las llamadas ayudas a la solvencia están dirigidas a los negocios que hayan experimentado una caída de sus operaciones declaradas en el IVA de 2020 de un 30% respecto a sus cuentas de 2019. El listado de sectores económicos afectados se amplió en Aragón de 95 a 491 categorías empresariales (CNAE) por decisión de la DGA, que ha acomodado su legislación para lograr agilizar y simplificar la tramitación para que los fondos lleguen cuanto antes a sus destinatarios.
Aragón es la cuarta comunidad que más sectores ha incluido a fin de ayudar al mayor número de empresas, una manera de contribuir ha fortalecer la recuperación económica iniciada en la comunidad en los últimos meses gracias al levantamiento de la mayor parte de las restricciones sanitarias.
Tramitación 'online'
Los solicitantes deben realizar sus trámites de manera electrónica --en la sede electrónica de la DGA-- y acreditar la caída de facturación respecto a 2019. Otra de las condiciones que han de cumplirse es no estar inmersos en procesos judiciales que impidan la recepción de las ayudas públicas, estar al corriente de pagos con la Administración, no haber sido declarados insolventes, no estar en un concurso de acreedores y no tener la residencia en un paraíso fiscal.
Las ayudas tienen además un carácter finalista, según lo establecido por el Gobierno de España, de manera que permiten el pago de costes fijos, el pago a proveedores y la reducción de deudas derivadas de la actividad económica, atendiendo a acreedores financieros y no financieros, siempre que estas obligaciones se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021.
Este es precisamente uno de los aspectos que más inquietan en las empresas. «Nos tememos que si se aplican rigurosamente, muchas pymes no podrán acceder a las ayudas. Esperamos que la DGA haga una interpretación laxa», apuntó este lunes Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón.
