Las ayudas directas aprobadas por el Gobierno de España para pymes y autónomos especialmente golpeados por la pandemia no están generado un gran entusiasmo en Aragón, al menos, de momento. El Ejecutivo autonómico, al que se ha encomendado la gestión de estos fondos, dio el pasado lunes el pistoletazo de salida para poder solicitar estos apoyos económicos, que van desde los 3.000 euros hasta un máximo de 200.000, cantidades que se conceden exclusivamente si existen deudas pendientes. Desde entonces, la DGA ha recibido 142 peticiones, según los datos facilitados este jueves a mediodía por el Departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA.
Esto supone que apenas se han tramitado una media de poco más de 35 solicitudes por día desde que se abrió el plazo, una cifra que a todas luces parece baja teniendo en cuenta que la comunidad tiene asignados 141,3 millones de un plan estatal --dotada de 7.000 millones-- que busca reforzar la solvencia económica de los negocios afectados por la llamada crisis del coronavirus. Sorprende también que no se haya tramitado un volumen de expedientes más elevado dada la expectación que estas ayudas habían despertados en el tejido empresarial desde su aprobación por el Ejecutivo central el pasado mes de marzo.
Aunque el Gobierno de Aragón no ha estimado cual es el volumen de beneficiarios de estas ayudas, todo hace indicar que deberían ser más 10.000, a tenor de los cálculos de otras administraciones autonómicas. En el País Vasco, por ejemplo, se ha previsto que las ayudas lleguen a 35.000 empresas y autónomos.
Plazo hasta septiembre
Desde la DGA consideraron lógico que no se haya producido un aluvión de peticiones porque el amplio plazo de presentación, que estará operativo hasta el 10 de septiembre. También resaltaron que la naturaleza de estas ayudas es muy diferentes a la de otras convocatorias, como las destinadas meses atrás a los negocios de hostelería. La documentación requerida en este caso es más profusa. Debe acreditarse una caída de facturación mayor al 30% respecto a 2019 y no estar inmerso en procesos judiciales que impidan la recepción de las ayudas públicas, estar al corriente de pagos con la Administración o no haber sido declarados insolventes (concurso de acreedores).
Fuentes de la consejería de Hacienda creen que muchos pymes y autónomos se están tomando su tiempo ya que una vez presentada la documentación no puede rectificarse. Consideran además que gran parte de los expedientes serán formalizados por gestores administrativos o asociaciones gremiales, que tramitarán de golpe numerosas solicitudes.
De lo que sí está habiendo una avalancha es de consultas y peticiones de información y aclaraciones. Uno de los aspectos que más están inquietando es el de tener que destinar el dinero tan sólo a cubrir deudas pendientes, una condición que desde un principio han rechazado las organizaciones empresariales. Aunque se haya sufrido una caída de la facturación, no podrán acceder a los fondos las pymes y autónomos que se buscaron la vida para estar al corriente de pagos con sus proveedores, ya sea consumiendo los ahorros de toda una vida o pactando reducciones o aplazamientos de sus obligaciones.
Desde la DGA aclararon que estos requisitos vienen fijados por el real decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial y que una cabría la posibilidad de cubrir también una pérdida contable siempre que se acredite con un documento mercantil.
