La hostelería es el sector que en más ocasiones ha llevado al Departamento de Sanidad ante la Justicia, disconforme tantas veces por la reducción de aforos y horarios. Nunca han entendido en Cafés y Bares, en el ocio nocturno, en Horeca y compañía por qué el Gobierno de Aragón eligió bien pronto a estos empresarios como responsables primeros de la propagación de contagios. Aceptaron y asumieron al principio, no obstante. Más tarde, los numerosos cambios de horarios, aforos y exigencias, al cabo criterios, les llevó a pensar que las reglas eran más aleatorias de lo esperado. Es decir, que había poca previsión. «Algunas normas apenas han durado unos días», se quejan. Y blanden datos de sobra conocidos que demuestran la destrucción de empleos y negocios en los últimos 16 meses. Aún más, claman en razones al contraponer casos. Cataluña y Madrid, por ejemplo. «En la segunda más o menos ha funcionado la hostelería y la primera ha sufrido más cierres. Sin embargo, la curva de contagios es casi calcada», reflexionan mientras recuerdan que han sufrido nada menos que 33 cambios en 16 meses, el último el pasado día 26.

Por eso empezaron a acudir a los tribunales. En agosto del año pasado consiguieron trocar el cierre a la 1.00 en los municipios que no estaban afectados por las restricciones. Más tarde, en tiempos de los Pilares que no fueron, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dejó sin efecto las medidas aprobadas solo unas horas antes por la DGA, y devolvió a terrazas e interiores los porcentajes de clientela permitidos.

Hace un par de meses, la Justicia tumbó la orden de septiembre de 2020 que limitaba el número de asistentes a bodas, comuniones, banquetes y otras celebraciones sociales y hace solo unos días aceptó las cautelarísimas solicitadas por Cafés y Bares y el ocio nocturno, aunque en esta ocasión tuvo que dar marcha atrás al día siguiente y evitar la reformatio in peius y que el recurrente quedara en peor situación que antes del recurso.

Cafés y Bares se ha presentado tres veces ante la Justicia. Las dos primeras las cautelarísimas fueron estimadas parcialmente. La tercera, totalmente. La Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA) también planteó un recurso en el que le dieron la razón. En el trasfondo de todo queda la Ley 3/2020, la ley de Aragón de la que tanto presume el Ejecutivo y sobre la que el TSJA tiene sus dudas: vicios de inconstitucionalidad. De hecho, ha iniciado los trámites para llevarla ante el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la última palabra.

Este movimiento lo observan con mucha atención desde la hostelería, donde son críticos con la Consejería de Sanidad. «Se tendrían que haber previsto algunas situaciones que hubieran permitido no hacer tantos cambios bruscos y constantes en cuanto a medidas y fases de alerta», explica José María Marteles, presidente de la Asociación Cafés y Bares, que recuerda que su principal reivindicación es la inseguridad jurídica. «No hay un hilo conductor», lamenta. Se van adoptando medidas que, a veces, parecen más políticas que sanitarias, tratando de contentar a un sector u otro.

«Al final, los clientes han quedado confundidos», por lo que muchos hosteleros de Zaragoza han tomado la decisión de cerrar en agosto, a la espera de que septiembre traiga una situación más tranquila. Aunque también será peor cuando se dejen de pagar los ceses de actividad, que previsiblemente se llevarán a otro puñado. No obstante, algunos de los que abrieron en la última relajación, cuando volvieron las barras, ya han vuelto a echar la persiana. De otros no se sabe nada desde marzo de 2020, así que por ese lado a pocos se les espera.

«Parece que llegaba una cierta estabilidad, tranquilidad, pero esta última ola ha sido devastadora, con muchos procesos de subvenciones aún pendientes de resolución y sin explicarnos cosas como por qué si el porcentaje de contagios en hostelería no es superior al de los transportes, no hay equilibrio en las restricciones», dice Marteles. O por qué no aceptan los medidores de CO2, una recomendación que viene avalada por técnicos e investigadores y que ya se ha regulado en comunidades como Galicia. H