Algunas heridas supuran durante décadas. Hasta que el trabajo minucioso de las asociaciones memorialistas da con la pista definitiva y la prueba de ADN que hace encajar una pieza más del puzzle. Ocurrió, a principios de año, con la primera alcaldesa de la España democrática, María Domínguez Remón, alcaldesa de Gallur entre 1932 y 1933, cuyos restos fueron identificados tras ser rescatados de la fosa común del cementerio de Fuendejalón. Y es lo que ha sucedido con 51 víctimas de las 81 encontradas en la gran fosa común descubierta en la localidad zaragozana de Magallón, en el verano de 2009. Ahora trabajan en la elaboración de un estudio monográfico que recoja todo el proceso, con los casos y las investigaciones de cada una de las víctimas identificadas.

El arqueólogo Javier Ruiz consulta archivos.

La Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (Afaaem) ha trabajado junto a otros colaboradores arqueólogos e historiadores en la reconstrucción de las vidas --y asesinatos-- de las víctimas que terminaron en esa gran fosa común, ubicada en el subsuelo del cementerio municipal, y que fue una de las de mayor tamaño encontradas en España en el albor de la ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

Siempre guiados por los testimonios orales de quienes vivieron la guerra civil o que recuerdan los testimonios de los familiares directos, la búsqueda se ha alargado durante más de una década. Pero, en algunos casos todavía no se han encontrado respuestas. Y la espera de las familias se alarga 85 años.

Alrededor del monolito en recuerda de las víctimas, se instalaron macetas en memoria de cada uno de los asesinados en la fosa común de 2009.

"Hemos identificado a 51 de las 81 personas de los que encontramos restos en la fosa, por lo tanto, continúa la investigación. Pero contamos con una subvención de la Federación Española de Municipios para elaborar un estudio monográfico en el que explicaremos todo el proceso de búsqueda", cuenta Pilar Gimeno, presidenta de la Afaaem.

Los libros de registro

Habitualmente, la búsqueda para identificar a los asesinados en la guerra civil española comienza en los registros de los ayuntamientos, que revelan también pedazos de historia en cada página. Así, con la llegada de la Constitución Española, tras la muerte del dictador, se observa un "incremento muy notable" de fallecidos. "Las familias registraron fuera de plazo a sus muertos. Para cobrar pensiones, para que hubiera constancia de que los habían matado...", cuenta Gimeno.

Estos libros de registro hablan también de cuáles fueron los momentos de mayor represión. O de cómo de minucioso era el registrador en cada época. "Del 18 de julio del 36 hasta agosto del 36, en la causa de la defunción anotaban ‘por herida de arma de fuego’ o por ‘vicisitudes de la guerra’. A partir de agosto, en los registros solo aparece la palabra ‘fallecimiento’", relata Gimeno.

La presidenta de la asociación ha recorrido de la mano de otros miembros de la entidad memorialista y con arqueólogos e historiadores expertos en la materia, como Javier Ruiz, los registros de una treintena de pueblos aragoneses, navarros y del País Vasco, de donde se sospechaba que eran las víctimas. "Lo primero es comparar las actas de nacimiento y defunción, y después buscar a los vivos para que puedan ofrecer una muestra de ADN que permita identificar a la víctima", añade.

Aunque no siempre es fácil. La intención es encontrar siempre a los descendientes más directos. Pero 85 años después de la guerra, hay algunas familias que reniegan del pasado. Su negativa a compartir muestras puede alargar el proceso para la identificación de otros restos. "Porque es como un puzzle: al identificar a uno, te da pistas de quiénes eran los que fueron lanzados a la fosa en ese momento con él", recuerda Gimeno.

En el caso de la gran fosa hallada en 2009, detectaron la distribución de las víctimas por distintas zanjas, que se correspondían con una veintena de procedencias; con distintos puntos de Aragón (Luceni, Gallur, Ambel, Fuentes, Uncastillo y Loarre, entre otras localidades), Navarra y el País Vasco.

La búsqueda de los descendientes

El siguiente paso, que quedará documentado en el estudio monográfico sobre memoria que preparará la asociación, es la comparación de las muestras de ADN, que desde el principio, se han enviado laboratorio privado Lab Genetics de Madrid, uno de los especializados en memoria histórica en España.

Pero cuando el análisis de las muestras de los descendientes vivos no da resultados, las entidades memorialistas intentan la identificación por otros cauces, como con la comparación de muestras de los descendientes fallecidos de quienes fueron asesinados en el franquismo, siempre y cuando la familia dé el consentimiento para hacerlo. "Tenemos el caso de una nieta de un asesinado con el que no correspondía la muestra, así que el trabajo sigue", señala Gimeno.

Pese a los avances de la investigación, Magallón tiene todavía más de 60 desaparecidos en la guerra civil por localizar en otras fosas. El trabajo sigue, con la esperanza puesta ahora en la nueva Ley de Memoria Democrática. "Lo único que queremos las asociaciones es que se cumpla", añade la presidenta.