Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza ha condenado a la Administración autonómica de Aragón a abonar 424.009 euros a la propietaria de unas fincas de frutales en Ateca y Castejón de las Armas que sufrió en el 2018 graves daños por la acción de los castores, una especie protegida. Los roedores dañaron cien árboles para extraer madera con la que levantar una presa en una acequia cercana. La denuncia la interpuso el afectado, que estuvo representado por el abogado Juan Manuel Martín Calvente.

La resolución basa la responsabilidad de la DGA en el hecho de que existe una normativa sectorial de cuya aplicación efectiva corresponde a la Administración, que debe tomar medidas que hagan compatible, «en la medida de lo posible, el régimen de protección con los derechos e intereses patrimoniales de los administrados». En este supuesto, los poderes públicos deben responder de los daños causados por la gestión del régimen de protección especial que el administrado no tenga el deber de soportar.

De hecho, la sentencia, que rechaza los argumentos de la DGA, señala que la opción «aparentemente definitiva» para acabar con el problema de los castores debe pasar por el vallado perimetral de la explotación, preferiblemente con malla de simple torsión de acero galvanizado.