Un informe de la subdirección provincial de Urbanismo en Teruel, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, ha detectado una serie de impedimentos para la implantación del macroparque eólico previsto por la empresa Forestalia en la comarca turolense del Maestrazgo, el conocido como Cluster Maestrazgo, cuya aprobación definitiva depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, firmado el 22 de julio, señala las «incompatibilidades» de varios terrenos para la instalación de aerogeneradores por la clasificación y protección de esos suelos que figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada localidad, o por las normas subsidiarias por las que se rigen. 

Este informe se suma a los elaborados por la Dirección General de Medio Natural (dependiente del Departamento de Agricultura), que también ponía impedimentos al macroparque, y al del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que emitió un informe favorable, pero con numerosos condicionantes. Los mayores reparos de Urbanismo se señalan en Cantavieja, Mosqueruela y La Iglesuela del Cid, aunque para otras localidades se establecen otros condicionantes que permitirían la instalación. 

En los ayuntamientos afectados, como desde el principio en este proceso de expansión de las energías renovables, hay diversidad de lecturas. Mientras la alcaldesa de Mosqueruela y el alcalde de Cantavieja aseguraron no conocer el informe de Urbanismo, el regidor de La Iglesuela del Cid asegura que «ya están trabajando» en la modificación de la normativa que permita la continuación del proyecto. «Afecta a la instalación de bastantes molinos, pero el técnico municipal ya está trabajando en ello para llevar la modificación al pleno de la semana que viene», manifestó Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid, que aseguró que la modificación de las normas subsidiarias que en su caso rigen la gestión del suelo en este municipio, «saldrá adelante por unanimidad». «No tengo ninguna duda porque tanto el equipo de Gobierno como la oposición estamos a favor del proyecto», señaló.

En concreto, el informe de Urbanismo, que consta de 91 páginas, determina que la instalación de aerogeneradores «no sería compatible» en el suelo no urbanizable de Especial protección de Medio Natural y en el de Protección de suelos aterrazados en Mosqueruela. Tampoco en el suelo no urbanizable Especial Bosques y Prados de Cantavieja; ni en el suelo no urbanizable Especial por su interés geológicos y paisajísticos y el suelo no urbanizable Especial por su interés paisajítico y uso rústico forestal del término municipal de La Iglesuela del Cid. En este término municipal, el informe recuerda que una parte de los parques eólicos de Forestalia se encontrarían en Suelo No Urbanizable Especial Lugar de Interés Comunitario (LIC) al estar afectado por un Bien de Interés Cultural de Arquitectura de piedra seca. Cualquier intervención en este entorno, señala el documento técnico, requeriría de la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.

Alba Lucea, alcaldesa de Mosqueruela, aseguró que desconocen el informe elaborado por la subdirección de Urbanismzo en la provincia, y que «urbanísticamente, solo contamos con el informe de la técnica municipal». Eso sí, la corporación municipal ya se manifestó hace semanas sobre el macroproyecto eólico de Forestalia, y «por mayoría» se decidió alegar al proyecto, planteando la «modificación de la ubicación» de algunos aerogeneradores en tres parques y la «eliminación total de cuatro y medio». El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, solo indicó que desconocen este informe.

Para Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma en defensa de los Paisajes de Teruel, «este nuevo informe va a dificultar el macroproyecto de Forestalia». Desde la entidad medioambiental, consideran que este nuevo documento, que se suma al informe desfavorable de Medio Natural y al favorable «con condicionantes» del Inaga hará que el Ministerio para la Transición Ecológica «tenga que decir que es inviable».