Los sindicatos CESMAragon, SATSE y FASAMET exigen a los responsables del Gobierno de Aragón medidas urgentes contra las agresiones sanitarias en la comunidad. Los profesionales denuncian que los casos que han llegado a la prensa durante esta semana (en el hospital Clínico de Zaragoza, una ambulancia en Huesca y los centros de salud de Tauste y de Zuera) son solo la muestra de un problema constante y que tiene una de sus raíces en que el Salud no está cumpliendo con su deber legal de proteger a sus trabajadores.
En 2018 fueron, según los datos oficiales, 253 agresiones y subieron a 294 en 2019; el confinamiento de 2020 las hizo bajar a 196, pero en el primer semestre de 2021 ya han llegado a 153, por lo que de continuar la tendencia, este año se superarán las 300. Aseguran que el Ejecutivo de Javier Lambán ha ignorado las demandas del personal sanitario para poner en marcha sistemas de protección, por lo que su "inacción" constituye un caso de irresponsabilidad.
Medidas mínimas
Apenas se han tomado "medidas mínimas" y es "especialmente grave el abandono en la Atención Primaria", pese a que la mayoría de casos se padece en los centros de salud o las visitas domiciliarias. A modo de ejemplo, solo 19 centros de salud tienen actualmente el botón para pedir ayuda y sus profesionales no tienen tampoco este dispositivo cuando tienen que desplazarse (consultas en otros núcleos, asistencia domiciliaria…), aunque recientemente se ha presentado para el personal del 061.
Las medidas urgentes que reclaman los sanitarios desde marzo de 2019
- Vigilante de seguridad todos los centros
- Instalar cámaras de videovigilancia
- 'Botón del pánico' en las mesas de trabajo
- 'Pulsera de geolocalización' para los profesionales fuera del centro
- Multas de hasta 30.000 euros para los agresores.
Los Sindicatos Médicos de Aragón reclaman que se dé con la máxima urgencia una respuesta real y efectiva ante este grave problema y señalan que si no se atiende su reclamación, en el plazo de un mes, se plantearán otras acciones, como denuncias a la Inspección de Trabajo por no velar por la salud de los trabajadores o acciones penales de los responsables del departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud por poner en riesgo la integridad física de los trabajadores incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En caso extremo el personal sanitario de los centros podría abandonar, previa notificación a sus superiores, su puesto de trabajo si está en riesgo su integridad física de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debido a la inacción del Gobierno de Aragón para aplicar medidas como las propuestas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios.
