Las mascarillas continúan siendo la causa principal de las multas covid

El uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos, interiores y exteriores, comenzó a ser obligatorio en Aragón el 14 de julio de 2020. Ha pasado más de un año, se ha flexibiliza su uso en todo el territorio, pero los tapabocas siguen siendo la principal causa de sanciones en la comunidad. De hecho, el 41,9% de las infracciones propuestas se deben a su mal uso, cuando no directamente a su ausencia. De las 71.134 propuestas de sanción recibidas por el Gobierno de Aragón, 29.874 corresponden a esta pieza.

Curiosamente, los cubrebocas destacan también en cuanto a volumen de pagos, ya que han sido resueltos prácticamente la mitad de los procedimientos iniciados (14.626 de 29.874). Más allá, conforman nada menos que el 83,7% de las infracciones que han llegado a resolución. De las 17.468 del total, 14.626 corresponden a mascarillas.

En este apartado hay datos curiosos, por ejemplo en cuanto al incumplimiento del horario. Aquí hasta el Gobierno de Aragón han llegado 15.048 propuestas de castigo, de las que 9.629 de ha iniciado el procedimiento de castigo. Sin embargo, solo 368 han llegado a su fin (2,4%). Hay porcentajes muy bajos también en las infracciones por fumar, en las sanciones por aforos e incluso las que corresponden a reuniones sociales (todos los datos en el gráfico adjunto).

Las propuestas de sanción provienen en su mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que las remiten para su valoración a los servicios provinciales de Sanidad de las tres provincias, los órganos competentes en la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores.

Según se informa desde el Gobierno de Aragón, "el procedimiento sancionador es muy garantista, lo que implica que los plazos hasta la resolución de una sanción sean prolongados. Una vez que una propuesta de sanción llega a un servicio provincial debe ser clasificada y valorada para realizar una propuesta de sanción en su correspondiente expediente". 

La notificación debe ser entregada en mano al infractor o bien recogerla en Correos, tras lo cual el ciudadano puede abonarla directamente o presentar alegaciones, que deben ser respondidas por la Administración antes de finalizar el procedimiento. Por aquí crecen las reclamaciones, algunas de ellas correspondientes a multas puestas por una restricción que en ese momento no estaba en vigor. Los numerosos cambios en las normas sanitarias han despistado incluso a los policías, así que los expertos jurídicos creen que muchos recursos se pueden presentar con garantías.