La Ley de Dependencia se ahoga en la burocracia. Un total de 855 personas han fallecido en los últimos siete meses en Aragón mientras esperaban a recibir la prestación que se les había concedido o a que se resolviera el expediente que certifica su grado de dependencia. O lo que es lo mismo: un promedio de cuatro personas que necesitaban atención han muerto cada día sin obtener la retribución a la que tenían derecho desde que comenzó 2021. En el total de España se han registrado 29.157 fallecidos en la lista de espera con los datos obtenidos hasta el pasado julio.

Los afectados y los expertos lo tienen claro. El problema reside en la complejidad de las gestiones requeridas para acceder al sistema de atención, donde una vez dentro las retribuciones no se apresuran por llegar. La Ley de Dependencia, de ámbito nacional, se aprobó en el año 2006 con amplia mayoría.

En concreto, la media nacional de permanencia en la lista de espera es de 455 días, según los datos del Ministerio de Inclusión. Mientras tanto, la salud física y mental de los usuarios que siguen aguardando empeora, hundiéndose poco a poco en lo que se conoce como el limbo de la dependencia.

Aragón se sitúa con estos datos como la novena comunidad que más decesos de personas en lista de espera ha registrado. Sin embargo, las cifras de este año reflejan un cambio en la tendencia. De momento, el porcentaje de beneficiarios ha aumentado un 5% en 2021 frente al curso pasado, lo que se traduce en 1.570 nuevos usuarios. Así, Aragón mantiene un porcentaje de personas en el limbo del 12%, cuando la media estatal se sitúa en torno al 16%.

«La burocracia esta lastrando la recuperación del sistema de atención a la dependencia a pesar de existir un incremento de la financiación. No solo vale poner dinero, la burocracia no puede estar en contra de la personas». Así lo expresa José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, organización que ha elaborado el informe del que se extraen estas conclusiones.

El Gobierno de España ha aumentado la financiación de la ley en 623 millones de euros, de los que a Aragón han llegado 20 millones. «De momento el sistema no está mejorando, pero esta subida del presupuesto debería servir para atender a 3.700 nuevos beneficiarios y generar 500 puestos de trabajo», asevera Ramírez.

En resumen, desde la organización creen que la «excesiva burocracia» retrasa la recuperación del sistema de atención a la dependencia, que venía mejorando sus condiciones desde el golpe que sufrió por los recortes del PP en 2012. «Se ha recuperado lo que se perdió, pero no se han acortado todavía el sufrimiento y la desatención de las personas. Sería necesario agilizar y simplificar los procedimientos», argumenta Ramírez, quien reside en Málaga pero procede de Villanueva de Huerva.

Más de 33.100 personas con prestaciones en Aragón

En Aragón, actualmente reciben prestaciones o servicios derivados de la dependencia más de 33.100 personas dependientes. En julio han recibido prestaciones o servicios más de 1.400 personas más que el mes anterior lo que supone un muy buen dato. "El ritmo de tramitación sigue siendo bueno", apuntaron fuentes de la DGA.

En cuanto a la cifra de fallecidos en lista de espera, desde el Ejecutivo precisaron que "hay que recordar que en Aragón han fallecido desde que se inició la pandemia 8.800 dependientes (con prestaciones, servicios o en lista de espera), el sector de la población más vulnerable", dijeron.

El "arduo" procedimiento para acceder al sistema de ayuda a la dependencia comienza cuando la propia persona afectada –y no un familiar– solicita una valoración a través de los servicios sociales de base. Tras ello se suceden evaluaciones, valoraciones y dictámenes que viajan desde las delegaciones territoriales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) hasta los que trabajan en los ayuntamientos o comarcas.

Existen tres grados de dependencia, por lo que las visitas y los exámenes son exhaustivos. Y, por supuesto, lentos. José Manuel Ramírez es contundente: «No puede ser que se vaya dos veces a la casa y que los expedientes se firmen más de una vez. Un solo trámite simplificaría mucho el proceso».

Por ello, este experto cree que este procedimiento debería recaer en los ayuntamientos y en las comarcas. «Nadie conoce mejor a los usuarios de los servicios sociales que la trabajadora social del barrio o el ayuntamiento. Es la proximidad y el conocimiento lo que da un buen servicio», argumenta.

Belén Salanova, una joven trabajadora de una residencia, junto a sus abuelos con certificado de dependencia. S. E.

El testimonio: "Estaré dos años esperando a que llegue la prestación"

«Siento un poco de desesperación». Es una frase que resume el sentir de los familiares de las personas dependientes que aguardan en las listas de espera, pero la dice Belén Salanova. Es una joven trabajadora de una residencia de mayores cuyos abuelos, de 98 y 94 años, se encuentran inmersos en el entramado burocrático de la ley de dependencia de 2006.

Belén realizó la solicitud para iniciar los trámites de acceso al sistema de atención en junio de 2020. Le dieron cita y presentó en tiempo y forma los documentos, allá por diciembre del año pasado. En febrero de 2021 le llegó la resolución de la valoración de dependencia. «A mi abuelo le otorgaron el grado 2 y a mi abuela, el grado 1», cuenta la joven. «Pero ya no sé nada más», sentencia.

Conoce la resolución del examen pero no cuál es la percepción económica que les corresponde. Hace ya un año y dos meses que inició el procedimiento y continúa llamando «una vez cada mes y medio» a los servicios sociales para comprobar su situación.

Por aquel entonces, solo necesitaban una prestación para sufragar el coste de un cuidador. Sin embargo, el tiempo no pasa en balde y la situación del abuelo de Belén ha empeorado. «He pedido una modificación para solicitar una plaza residencial dado que presenta alteraciones conductuales con la familia», explica Salanova. «Y claro, el retraso en este caso es mucho mayor. Creo que el procedimiento se extenderá hasta los dos años», lamenta.

El caso de su abuela es similar. Sufre demencia, pero tampoco le ha llegado la prestación a la que tendría derecho según la evaluación que se le hizo. «Lo normal es que te mandan tras el examen la resolución del Programa Individualizado de Atención, que es el paso previa a conocer la cuantía que te corresponde», asevera.

Es más, el verdadero problema llega cuando recibir la prestación se convierte en primordial. «Tengo la suerte de que mis abuelos están en casa, pero hay muchísimas personas que no pueden pagar una residencia para sus familiares, por lo que ellos no pueden asistir hasta que llega la prestación», asevera con el tono de quienes conocen de primera mano esa realidad.

En medio de todo este lío burocrático está Belén, que aún así parece ser de las afortunadas. «Yo tengo la ventaja de trabajar en una residencia y la trabajadora social me ayuda, pero una persona de a pie lo debe pasar fatal». Pero la espera languidece entre papeles.