El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón ha solicitado que los trabajadores de las residencias y los visitantes estén vacunados, después de que la sexta ola de la covid-19 en la Comunidad haya causado 300 contagios de residentes y de 85 profesionales de estos centros, en los que, según han señalado los populares, se han multiplicado por diez las infecciones en las últimas tres semanas.

La portavoz de Ciudadanía del Partido Popular en el parlamento aragonés, Marian Orós, ha planteado estas medidas en una rueda de prensa este viernes en la ha acusado al Gobierno de la Comunidad de haber sido “incapaz de adelantarse” a una sexta ola “preocupante”, en especial en las residencias de mayores.

Sobre la situación que viven estos centros, Orós ha subrayado que, aunque la vacunación ha conseguido que la incidencia sea menor que en otras olas anteriores, desde el Ejecutivo autonómico deben seguir avanzando “porque la vacuna no es esterilizante” y hay muchos mayores “que se están reinfectando”.

La portavoz popular ha criticado, por ello, que las medidas que se han adoptado hasta ahora desde el Gobierno de la Comunidad hayan sido pedir a las residencias que tengan “prudencia” y trasladarles una serie de “recomendaciones” y “sugerencias”, como que los trabajadores y visitantes estén vacunados o la realización de pruebas PCR en los empleados cada 72 horas.

Sobre el primer punto, Orós ha señalado que hay 800 profesionales vinculados a las residencias sin vacunar y ha considerado que el Ejecutivo aragonés debe buscar, como ya están haciendo otras comunidades como Cantabria, Galicia, Murcia, Baleares o el País Vasco, una “fórmula jurídica” para que estos se inmunicen.

Al respecto, ha relatado que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos “ha avalado que pueda imponerse la obligatoriedad de la vacunación para los casos de epidemia”, fundamentalmente para los sectores más sensibles, y ha añadido que países como Francia o Italia ya lo están exigiendo en colectivos como el sanitario o el personal de residencias.

“Aparte de que el Gobierno de Aragón se preocupe en buscar esa fórmula para que los trabajadores de las residencias se vacunen, porque el bien superior es la vida, la salud y la seguridad de los mayores, debería exigir al Gobierno de España ese marco legal, modificando la Ley General de Sanidad, para que en estos casos se pueda exigir”, ha destacado.

De la misma forma, la diputada del PP ha considerado que el Ejecutivo comandado por Javier Lambán debería pedir el certificado de vacunación para cualquier nueva contratación de personal en las residencias y para las visitas.

Además, la portavoz popular ha considerado que ya deberían estar en marcha otras acciones, como identificar en qué casos existe “escape vacunal”, es decir, personas en las que la vacuna no ha sido eficiente, ya que, según ha argumentado, un estudio internacional afirma que un 20 % de los mayores vacunados no se inmuniza.

Para ello, ha calificado como “fundamental” la realización de test serológicos para identificar esos casos, unas pruebas que, además, “servirían también para saber el grado de inmunización de estos mayores seis meses después”.

Otra de las medidas que, según Orós, han de poner en marcha es la preparación y la planificación de la futura tercera dosis, de manera que, si el Ministerio de Sanidad decide inocularla, los mayores “deben ser prioritarios” y el Gobierno de Aragón “tiene que estar preparado” para que, en el caso de que se apruebe, este colectivo sea el primero.

Igualmente, ha solicitado que se “desarrolle y reoriente” el protocolo de colaboración sociosanitaria para las residencias, fundamentalmente en lo que atañe a los centros de Salud saturados porque atienden un gran número de residentes, en los que ha pedido que se refuercen con el personal sanitario necesario.

Por último, ha reclamado que salgan adelante los 3 millones de euros en ayudas directas que, ha destacado, “prometieron hace un año” para ayudar a estos centros, que han tenido que abordar “unos gastos brutales y extraordinarios” durante la pandemia.

“Es fundamental que las residencias, después de un año y medio demoledor, tengan el apoyo del Gobierno de Aragón”, ha afirmado Orós, quien ha añadido que “hace un año se prometieron 3 millones de euros para sufragar esos gastos y desgraciadamente, esas ayudas directas ni están ni se les esperan”.