La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido, cautelarmente, la obligación de que los trabajadores de las residencias no vacunados tengan que pagar de su bolsillo las PCR que deben realizarse cada 72 horas en Aragón. Es decir, les exime de ello y, a partir de ahora, no deberán abonarlas más. De hecho, en el auto se apunta que se les tendrá que abonar las cantidades gastadas desde el pasado 30 de julio.

De este modo, el TSJA admite las medidas cautelares propuestas por el sindicato CCOO Aragón el pasado 13 de agosto contra la resolución del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón por la que el Ejecutivo estableció que estos trabajadores debían pagar sus PCR. «Consideramos en su momento que las nuevas instrucciones vulneraban derechos fundamentales y colisionaban con la ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se vulnera la intimidad y confidencialidad del trabajos y, además, hay un daño económico», explicó este viernes a este diario Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón.

De hecho, el propio TSJA destaca que «la obligación de abonar las pruebas conlleva un evidente y grave perjuicio económico y la dilación en el tiempo de esta obligación puede hacerla especialmente gravosa para los trabajadores», dice el auto. «Si un trabajador debe hacerse una media de 10 pruebas cada mes, se comprobará con facilidad que su obligación es un perjuicio relevante», manifiesta el auto.

Recurso total a la norma de la DGA

Desde CCOO Aragón se muestran «satisfechos» y Lizana ya anunció que ahora van a recurrir «la totalidad» de la medida de la DGA con el objetivo de que la realización de PCR entre los trabajadores no vacunados se suspenda definitivamente. «El TSJA ya nos viene a decir que esta medida no está justificada porque en la actualidad la vacunación no es obligatoria. Por tanto, legislativamente esta orden no tiene cabida porque la inmunización no es obligatoria», explicó Lizana. «Si Sanidad decide que lo sea, lo aceptaremos, pero si no es así lo que no se pueden imponer son medidas coercitivas», explicó la secretaria.

Es decir, podría darse la situación en la que, una vez que CCOO recurra la orden al completo, el TSJA admita la supresión definitiva de estas PCR, que por ahora se seguirán haciendo, pero no a costa del bolsillo de los trabajadores de las residencias.

Por su parte, fuentes del Gobierno de Aragón precisaron a este diario que los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico van a revisar el auto emitido por el TSJA para valorar si toman alguna medida. 

Los trabajadores de residencias no vacunados en Aragón son ahora un 3%. Desde el PP Aragón propuso este viernes a la DGA que estudie una fórmula legal que les obligue a inmunizarse.