El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) h Sepe ha estado en el ojo del huracán --y de la polémica— en la crisis laboral provocada por la pandemia. El aluvión de los ertes causados por el covid-19 puso contra las cuerdas a una Administración que no estaba preparada para lo que se le venía encima. Solo en Aragón, el antiguo Inem tramitó 668.000 expedientes en 2020, casi cuatro veces más que en un año normal (en el 2019 fueron 174.000). Aunque se han superado los peores momentos de colapso, el organismo sigue «en tensión» por la abundante carga de trabajo que continúa teniendo, unos sistemas informáticos obsoletos y una plantilla envejecida y cada vez más mermada.
Así lo vienen denunciando los sindicatos y los trabajadores desde el inicio de la crisis sanitaria y la situación dista mucho de mejorar a pesar de los esfuerzos y medidas implementadas desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz (Podemos), del que depende este servicio. En Zaragoza se llegó a reforzar con 23 interinos para paliar el atasco de los ertes, pero estos poco a poco van perdiendo sus puestos. El 30 de junio finalizaron los contratos de cinco de ellos, otros once saldrán el 30 de septiembre y el resto, al finalizar el año. Entre tanto, el goteo de jubilaciones no cesa en una plantilla con una media de edad que supera los 55 años. En el último años se han retirado unos 12 funcionarios y medio docena más lo harán en los próximos meses, con lo que al cierre de 2021 las bajas ascenderá a cerca de una veintena.
El organismo cuenta actualmente en la comunidad autónoma con unos 230 empleados (160 en Zaragoza, 33 en Teruel y 38 en Huesca) frente a los 260 con que contaba en 2019.
Mejora la cita presencial
«Seguimos en una situación muy precaria ahora que además se están extinguiendo los contratos temporales de los empleados que se incorporaron por la pandemia», reconoció ayer el director provincial del SEPE en Zaragoza, Fernando de Miguel, en declaraciones a este diario. «Tenemos un problema considerable de personal», aseguró sin tapujos. «Aunque ha bajado el ritmo de trabajo, seguimos teniendo que gestionar muchos expedientes por las reclamaciones de los pagos indebidos y por los nuevos ertes que van llegando, sobre todo de la industria por la falta de componentes», explicó.
Prueba de esta congestión es lo que ha ocurrido este verano, en el que ha repuntado la congestión del servicio público y, en consecuencias, ha vuelto a producirse retrasos en el pago de nuevas prestaciones que han llegado a ser de dos meses, algo que hacia meses que no ocurría. Esto se ha debido al problema endémico de falta de personal y al disfrute de las vacaciones por parte de la plantilla.
Lo que sí ha mejorado de forma considerable es el sistema de cita previa para atención presencial, que en la mayor parte de la pandemia se daban con varios meses de demora. Ahora mismo, en la mayoría de oficinas del SEPE en la comunidad se puede conseguir un hueco con solo una o varias semanas de antelación. A esto ha ayudado el incremento de aforos en las sedes, que antes estaban más limitados por las restricciones sanitarias, pero sobre todo gracias a que ha bajado la demanda por la mayor utilización del canal online por parte de los usuarios a la hora de realizar trámites en este organismo.
