La Policía Nacional detuvo el pasado jueves, 26 de agosto, al propietario de un establecimiento de kebab, de 42 años, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores así como a uno de sus trabajadores, de 38 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental.
La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Policía Nacional en Aragón, llevó a cabo durante la pasada semana un total de nueve inspecciones en diferentes comercios de Zaragoza en el que había personal extranjero trabajando, en concreto en cuatro Kebabs, dos fruterías y tres peluquerías.
En situación irregular
Sobre las 19:30 horas del jueves 26 de agosto, los agentes entraron en un establecimiento de comida rápida de Kebab en un barrio del sur de la ciudad, en cuyo encontraron a 4 trabajadores identificados como empleados del local, ya que portaban la camiseta con el logotipo corporativo y estaban realizando labores de cocina detrás de los mostradores.
Nada más acceder al local, uno de los trabajadores se mostró ajeno a la actuación policial y trató de dar la espalda a los agentes para evitar su identificación, haciendo repetidos gestos y muecas de no entender los requerimientos.
Fue el dueño del establecimiento quien aportó las documentaciones a los agentes, los cuales pudieron comprobar, a través de las bases de datos policiales, que sin ningún género de dudas la identidad de ese trabajador en concreto no correspondía con la filiación acreditada.
Por ello se procedió a la detención de empleador y empleado como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de delito de falsedad documental respectivamente, así como a la incoación de un expediente de expulsión del territorio nacional del trabajador al llevar en España dos años en situación irregular.
Además, en total durante la semana fueron realizadas 21 identificaciones de ciudadanos extranjeros, entre los cuales 5 se encontraban en situación irregular por lo que les fueron incoados los preceptivos expedientes de expulsión.
Con respecto a estos trabajadores en situación irregular se continúan realizando gestiones para la localización de los contratantes con el fin de depurar responsabilidades penales o administrativas.
De todas estas actuaciones se dio cuenta a la Inspección de Trabajo de Aragón para la gestión de los expedientes sancionadores que oportunamente procedan, tal y como establece el convenio de colaboración suscrito entre la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional.
Por tales hechos los detenidos fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en dependencias policiales a la espera de la celebración del correspondiente juicio.
