Aminorar la velocidad, reducir marcha, frenar ante la barrera, recoger el ticket y arrancar hacia la autopista. Con esta cadencia y ritmo continuo, los últimos pagadores del tramo de la AP-2 entre Fraga y Alfajarín lo hicieron ayer por última vez. Nadie ve con malos ojos la nueva era de la AP-2; tampoco hay persona que se fíe en exceso.

Dejar de pagar por usar una vía pública es de agrado general y, sin embargo, los usuarios ya saben que en consecuencia la autopista «se masificará». Así lo explicaban ayer por la mañana María José y Rafael, un matrimonio que viajaba desde A Coruña a Salou: «Dejará de ser una vía rápida. Por nosotros es genial que no se pague, pero esto se va a colapsar». Además, en la cabeza de todos los usuarios pulula la propuesta del Gobierno para cobrar por el uso de autovías para su mantenimiento, algo que deja un sabor agridulce.

Otra de las preocupaciones de los viajeros es la capacidad de áreas de servicio y de descanso para atender a todo el nuevo volumen de tránsito. De hecho, muchas de ellas estaban ya ayer abarrotadas y repletas de papeleras desbordadas por la basura. «Esto va a ir a peor, no se va a poder ir tranquilo por aquí», comentaba una pareja de adultos que coincidía en señalar que la autopista actual no podrá acoger todo el tráfico que se le viene encima.

Los camioneros, por su parte, son quienes más horas echan en el asfalto. Si bien la mayoría viajaba «casi siempre que podía» por autopista al estar sus pagos bonificados, ahora reconocen que estas vías se inundarán de vehículos pesados. «Es más segura y más rápida. Paso de coger carreteras nacionales», afirmaba esta mañana un camionero sevillano en la estación de servicio de Pina de Ebro, para terminar añadiendo que puede llegar a pagar «entre 20.000 y 30.000 euros en peajes cada mes». Con su opinión coincidía Cristian, un joven rumano que estaba por primera vez en la AP-2. «Para mí es igual, lo prefiero por la seguridad, pero para mi jefe que es el que paga...».

Un área de descanso, este martes, con una papelera desbordada. Andreea Vornicu

En el último viaje de pago que EL PERIÓDICO realizó ayer por la AP-2, pocos eran los trabajadores que permanecían en los peajes. De hecho, no se vio a ninguno en las cabinas. Los dos con los que se logró hablar, que se encargaban de las incidencias, optan por guardar silencio, bien porque así lo manda la empresa, bien porque desconocen cómo será su futuro a partir de mañana, 1 de septiembre.

Por otro lado, el pensamiento sobre la velocidad es común a todos los que atravesaban hoy el tramo aragonés de la AP-2. «Se correrá menos, pero porque será más peligroso hacerlo», dice una joven burgalesa, de nombre Berta y que viajaba esta mañana hacia Cambrils. Ella es la primera que saca a colación a las víctimas de accidentes de tráfico. «En Burgos se liberalizó la AP-1 en enero de 2020. Lo que ocurría en la carretera nacional paralela [la N-1] era una vergüenza, como aquí». Tan solo en los últimos ocho años, la N-2 se ha cobrado la vida de 30 personas.

La N-2 y las víctimas

La carretera nacional que serpentea junto a la AP-2 es uno de los puntos negros de la red estatal. Los pueblos de la zona están tocados por el peligroso tramo. Israel Borrell, zaragozano de nacimiento, perdió en 2008 a sus padres y a su hermano en la N-2. Volvían de una cena familiar en Lérida y viajaron por la N-2 en Zaragoza. Una conductora se durmió y chocó frontalmente con el vehículo en el que iban. Sus padres y su hermano fallecieron; él y su pareja –ahora su esposa– fueron ingresados en la uci. No lo hubiera pensado jamás. «Nunca nadie puede decir que le va a tocar a él en la N-2. Sabes que ha habido muchos accidentes, ves lo frágil que es todo y lo que cambia la vida en un segundo», reconoce por teléfono a este diario.

Como su historia, centenares de vidas fueron segadas en este letal tramo de la red aragonesa. La apertura de las barreras, dice Borrell, es un comienza. «Creo que es un gran paso liberalizar la autopista», sentencia.