Ya lo advirtió Endika Zulueta, abogado de Rodrigo Lanza en el conocido como crimen de los tirantes:«Acudiré al Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos si hace falta». Dicho y hecho. En marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazaba su recurso y confirmaba los 20 años de prisión para el antisistema por un delito de asesinato consumado con alevosía, con la agravante de obrar por motivos ideológicos y la atenuante de embriaguez, y ahora el asunto está ya sobre la mesa del Alto Tribunal.
En un escrito de casi 150 folios, el letrado de Lanza relata no solo que durante el juicio, en su opinión, «se vulneró la presunción de inocencia» asegurando que la magistrada presidenta del tribunal de jurado actuó con parcialidad, sino que el TSJA «no respetó la doctrina del Supremo y del Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas con el objeto de determinar su validez como elementos de cargo». «Ha resuelto las alegaciones sobre la existencia de prueba sin sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos», insiste.
Subjetividad
Zulueta señala que la magistrada que dirigió el jurado y que luego dictó sentencia «dio muestras de animadversión hacia la defensa generando un clima hostil contra la misma durante la vista oral creando influencia en el jurado».
Señala que en hasta 12 ocasiones interrumpió a Rodrigo Lanza en su declaración, lo que conllevó «que se generase una imagen denostada del acusado». En este sentido, recuerda el momento en el que este letrado, al inicio del juicio, pidió que se le quitaran las esposas. «La magistrada dijo:‘Le voy a quitar las esposas, con eso terminamos antes toda la retahíla... que no tiene que ver eso con la culpabilidad o no, ni mucho menos, pero le voy a quitar las esposas puesto que me han dicho que la otra vez estuvo sin esposas, espero que no pase nada’», señala, mientras lo relaciona con el caso Otegui en el que el Supremo mandó repetir el juicio contra el líder de EH Bildu por intentar reconstruir Batasuna (ilegalizada por ser considerada un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA) por los comentarios de la jueza durante el juicio. En aquel asunto, el Alto Tribunal aseveró: «Incluso las apariencias pueden alcanzar una cierta importancia o, en otras palabras, la justicia no sólo tiene que aplicarse, sino que también debe ser aparente que se administra».
Buena parte de su recurso gira en torno a esta circunstancia. De hecho, afirma que «las preguntas permitidas de la acusación particular a los testigos fueron a todas luces capciosas y sugestivas» y saca a colación que durante la selección del jurado hubo personas que dijeron que tenían una idea preconcebida de culpa del acusado, pero «no permitió que la defensa alegase causa de prohibición».
Motivación
El abogado de Rodrigo Lanza también señala que debe suprimirse de los hechos probados la expresión: «La causa de la agresión causada por Rodrigo Lanza a Victorino Laínez fue por motivos ideológicos», porque, a su juicio, dicha expresión no es un relato fáctico, sino una valoración de un hecho, y predetermina el fallo.
Para ello, argumenta que «no consta en el relato de hechos probados cual es la ideología de la víctima; no consta en el relato de hechos probados una situación objetiva de especial vulnerabilidad de la víctima, y no consta en el relato de hechos probados que la ideología de la víctima fuera el único motivo de la agresión».
Otro de los aspectos que pide anular son las cuatro testificales que fueron fundamentales para el jurado en la emisión de un veredicto de culpabilidad, pero que para Zulueta actuaron como «testigos ocultos» al realizar su declaración detrás de un biombo y no se cumplieron todas garantías procesales.
Un recurso que seguramente sea rechazado por las acusaciones particulares ejercidas por los abogados José Luis Melguizo y Enrique Trebolle y por la que ejerce Vox de manos del abogado y diputado autonómico, David Arranz.
Rodrigo Lanza permanece en prisión desde que ocurrió la muerte violenta de Víctor Laínez, en diciembre de 2017. En noviembre de 2019 fue juzgado por un jurado popular, aunque el TSJA anuló la sentencia condenatoria a 5 años por homicidio imprudente por falta de motivación y contradicciones en el veredicto, lo que provocó que volviera a ser juzgado en septiembre del 2020. En ese primer fallo se estimó que Lanza agredió a Laínez con alevosía pero no buscaba provocarle la muerte. La sentencia aplicó un agravante al atacar el condenado a la víctima por motivos ideológicos y una atenuante de arrebato. Todo ello quedó en papel mojado y volvió a juzgarse, también con jurado, en la Audiencia Provincial de Zaragoza. El nuevo tribunal popular endureció el veredicto y por ende la condena, ya que se le impuso 20 años de cárcel. En la sentencia se señalaba como hechos probados que en el interior del bar El Tocadiscos Lanza se dirigió a Laínez y le llamó «fascista» y le dijo que «no querían nazis en el barrio». El ahora condenado comentó a sus amigos que Laínez le había llamado «sudaca» y que debía volver a su país por ser extranjero. Lanza, en el exterior del establecimiento propinó varios golpes a Víctor Laínez y una patada en la cabeza. La víctima falleció cuatro días después de los hechos. Junto a la condena de prisión también se le impuso una indemnización de 200.000 euros.
