Un alto volumen de los 141,3 millones de euros asignados a Aragón por el Gobierno de España para ayudar a las empresas más golpeadas por la crisis del coronavirus no llegarán a utilizarse. Así lo creen las organizaciones de empresarios y autónomos, que vaticina un pinchazo del plan estatal, considerado el mayor apoyo público puesto en marcha para socorrer a los negocios damnificados por la pandemia. Aunque quedan cuatro días para que finalice el plazo de solicitud en la comunidad (hasta el 10 de septiembre), advierten de que el dinero no va a llegar a todos lo que lo necesitan por los requisitos exigidos para acceder a las subvenciones y reclaman por ello que se flexibilicen las condiciones.
Los fondos, dotados con 7.000 millones para toda España, tardaron en llegar en relación a otros países europeos. Fueron aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo. El objetivo era lanzar un balón de oxígeno a los pequeños negocios para cubrir parte de las pérdidas sufridas por culpa de la pandemia y las restricciones. Madrid encomendó a las comunidades autónomas la gestión de las ayudas, que en el caso de Aragón se han podido solicitar desde el pasado 19 de julio.
No hay datos actualizados sobre de solicitudes. La última cifra que se conoce corresponde a las primeras semanas, cuando las peticiones formalizadas por parte de las pymes y autónomos cubrían el 26% de la cuantía asignada a la comunidad, lo que equivale a unos 36,7 millones, según la información difundida por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) que procede del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
A nivel nacional, el 60% de los fondos estaban sin solicitar a principios de agosto. Por entonces, diez comunidades habían cerrado el periodo para pedir las ayudas y en siete de ellas se habían repartido menos del 30% del dinero consignado. Las autonomías que mejores resultados arrojan son Baleares y Canarias, las más han sufrido económicamente la pandemia por el turismo, que han aprovechado el 60% de la partida. Castilla-La Mancha supera esa cuota y ha llegado al 70%.
«No va a haber suficientes solicitudes para cubrir las ayudas», asegura Álvaro Bajén, presidente de UPTA en Aragón. Esta organización está presionando al Gobierno central para que lance una nueva convocatoria con unos requisitos menos restrictivos. En concreto, mantiene negociaciones con el ministerio que dirige Nadia Calviño para que el dinero pueda destinarse también a pagar deudas públicas (ahora solo vale para las privadas y los créditos ICO). «Muchos autónomos han perdido ingresos, más que deber dinero y esta medida abriría la mano a más beneficiarios», sostiene. Economía, apunta, ha recibido la propuesta con «buenos ojos».
Requisitos restrictivos
Desde el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón recalcan que han hecho todo lo que estaba en su mano, dentro del margen de competencia, para que las ayudas lleguen al mayor número de beneficiarios, al fijar un plazo de solicitud extenso (casi dos meses) y ampliar el listado de sectores económicos afectados de 95 a 491 categorías empresariales (CNAE). Recuerdan, no obstante, que las bases de la regulación las marcó el Ejecutivo central.
«El plan no va a funcionar por los condicionantes y la burocracia exigida. Son de tal complejidad que va a ser muy difícil que las ayudes lleguen a todos las que las necesitan», señala Ricardo Mur, líder de la patronal CEOE Aragón.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Aragón también se muestra muy crítica por cómo se ha concebido el plan de solvencia empresarial. «No es que la DGA deniegue solicitudes, es que se piden pocas porque hay requisitos que lo impiden, como el de no tener pérdidas en 2019», lamenta Maite Mazuelas, que preside la organización. Estima que solo el 30% de los autónomos pueden acceder a las subvenciones. «Se castiga a quien es buen pagador. La mayoría lo han hecho a pulmón, tirando de ahorro o pidiendo dinero a familiares», considera. Para ampliar el foco de beneficios, ATA plantea que se contemplen las deudas hasta final de año (ahora solo se cuentan las que son hasta mayo).
Desde Cepyme Aragón, su presidente, Aurelio López de Hita, prefiere no hablar de fracaso hasta que se conozcan la cifra final de solicitantes, pero reclama que los 141 millones «lleguen a la comunidad y se sepa en que se invierte el dinero con criterios objetivos». Si no se gastan todos los fondos o gran parte de ellos, añade, «se habrá perdido una oportunidad magnífica».
