La cifra impresiona. De los 2.233 solicitantes de prestación por la Ley de Dependencia que fallecieron en las listas de espera en 2017 y 2018, el 99% de ellos no había sido ni siquiera valorado. El dato se deriva de la demora en la resolución de las ayudas, que en Aragón se situaba en 411 días de media en 2018 cuando el Tribunal de Cuentas fija en sus recomendaciones un plazo máximo de seis meses (180 días). Desde el Instituto Aragonés de Derechos Sociales (IASS), afirman que en la actualidad la atención a la dependencia se está llevando a cabo «cerca del plazo administrativo de seis meses que marca la ley», si bien es cierto que continúan falleciendo solicitantes de dependencia debido a que «suele encontrarse en situación de vulnerabilidad».
Así lo muestra el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el seguimiento de la implantación de nueve recomendaciones sugeridas por el Tribunal de Cuentas, de donde se extraen estas conclusiones. En este sentido, la auditoría de la Cámara concluye que, hasta el 31 de diciembre de 2018, el IASS había implantado cuatro recomendaciones de forma total y dos de manera parcial, mientras que todavía tenía tres pendientes de implementar. No obstante, desde la DGA aseguran que a día de hoy el cumplimiento de dichas sugerencias «es cercana al 100%».
En total, 2.211 personas que aguardaban a ser evaluadas para cobrar la ayuda después de seis meses en las listas fallecieron sin ser examinadas entre 2017 y 2018. Además, ocho personas fallecieron sin obtener la resolución del grado, 14 con el grado concedido y tres con la prestación ya otorgada. En resumen, el 99% de las personas que murieron en las listas de espera lo hicieron sin superar el primer nivel de la burocracia de la dependencia.
Además, cabe destacar que el bienio estudiado en profundidad por la Cámara de Cuentas es el que más solicitudes pendientes de resolución registró, 6.907 y 7.590 respectivamente. Sí es cierto que se aprecia un incremento en el volumen total de solicitudes (en 2018, 49.707, máximo histórico de la serie), aunque no parece la razón del aumento. En 2018, el total de receptores de una prestación por dependencia ascendió hasta las 29.146 personas, mientras que en 2016 eran 21.038 y en 2021, según los últimos datos difundidos por la DGA, son 34.037 beneficiarios.
Por parte de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales ponen de manifiesto los datos con lo que se asumió, en 2015, la situación de la dependencia en Aragón: «Había un total de 16.814 personas atendidas, cifra que a día de hoy se ha duplicado, por lo que el sistema atiende ya de forma efectiva a más de 34.000. Del mismo modo, y desde esta fecha, la reducción de las personas pendientes de plan individualizado de atención (PIA) se ha rebajado de 14.389 a 3607 personas». Subrayan además que el presupuesto ejecutado en dependencia de 2020 «ascendió hasta los 235 millones, 51 más que en 2015».
Según el informe del órgano fiscalizador, todos los errores vienen propiciados «por la falta de interconectividad entre las distintas aplicaciones que emplea el IASS para la gestión de la dependencia y a que todos los datos son introducidos de forma manual en las distintas bases de datos». Sin embargo, desde la consejería competetente aseguran que se ha trabajado en los últimos tiempos para mejorar el sistema. «Cabe recordar que para poder cumplir estos plazos se ha realizado un importante esfuerzo técnico y humano, que implica el cambio de modelo informático y la incorporación de 19 trabajadores sociales que refuerzan la valoración», indican.
Nueve recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones implantadas totalmente, estas se refieren al desarrollo normativo necesario en aplicación de la Ley de la Dependencia, la integración del sistema informático de alta de solicitudes en el sistema nacional que gestiona el Imserso, así como a la impartición y acreditación de formación a los cuidadores no profesionales. En 2018, la comunidad autónoma destinó 1.1 millones de euros a este servicio, cofinanciado al 50%, por el Fondo Social Europeo. Por último, siguiendo la recomendación del Tribunal, Aragón ha regulado la capacidad económica de los beneficiarios de las ayudas y su participación en el coste total de las prestaciones de la dependencia que reciben.
En cuanto a las recomendaciones implantadas parcialmente, la Cámara señala que todavía no está totalmente desarrollado el expediente electrónico para gestionar las prestaciones por dependencia, si bien se han producido importantes avances, y que sigue habiendo retrasos en la gestión de las bajas por fallecimiento de los beneficiarios, lo que obliga a un mayor control de los casos de abonos indebidos para su reintegro posterior.
Entre las sugerencias no aplicadas, la Cámara ha constatado que Aragón incumplía en el año 2018 el plazo máximo, fijado en seis meses, para resolver las solicitudes de ayuda, situándose en 411 días de media. También se ha comprobado que en aquel año el sistema de información contable del IASS no identificaba el gasto destinado a la atención de la dependencia, ni el organismo disponía de un sistema de contabilidad analítica que permitiera la cuantificación exacta del coste de los servicios.
