Una persona con VIH no puede acceder a un puesto de policía local en Aragón, ni de bombero, ni ser taxista. Tampoco acceder a una piscina, un balneario, un polideportivo, algunos comedores sociales o una residencia de estudiantes. Una situación que se considera impensable pero que actualmente es legal. Estas son algunas normas vigentes en Aragón que desde OmSida consideran «obsoletas», de ahí que se hayan propuesto «acabar con las normativas discriminatorias» existentes en la comunidad, asegura Juan Ramón Barrios presidente de la asociación.

Estas limitaciones se mantienen desde los años 90 y no contemplan los avances en el ámbito del VIH y siguen restringiendo los derechos de estos ciudadanos, que en Aragón son más de 5.000. El motivo es que se considera una enfermedad «infecto contagiosa» como el gripe o la tuberculosis; sin embargo, en la actualidad se conoce cómo se puede transmitir, que es con «prácticas muy concretas» y «nunca de forma casual», asegura Barrios.

Además, las personas con VIH sometidas a tratamiento «tienen una carga viral indetectable», explica el presidente de OmSida, y actualmente, tanto en España como en Aragón, «más del 90% de las personas con sida están en tratamiento», reconoce.

Esta situación de discriminación cambió en el ámbito nacional en 2018 a través de un Pacto Social firmado con el Ministerio de Sanidad; lo que en la práctica provoca que una persona con VIH pueda ser Policía Nacional pero no Local en ningún municipio aragonés. Por eso la comunidad sigue «un paso por detrás». A raíz de ese acuerdo nacional por la no discriminación se creó, cuenta Barrios, un grupo de trabajo formado por representantes de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Aragón, la consejería de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y la propia OmSida, en cuya labor era la «erradicación de la discriminación» pero, asegura Barrios, es «un tema complejo» porque había que «hablar con cada departamento de cada municipio». Así, que decidieron acudir al Justicia cuya respuesta fue la de que habría que tener «una norma mayor emitida desde Sanidad» que hiciera que se anularan todas las normas inferiores, asegura. Por eso, aseguran, desde el departamento «están buscando la forma legal» de favorecer la igualdad de trato.

Desde el nacimiento del Pacto nacional, organizaciones, sindicatos y entidades aragonesas como CCOO, UGT, el Instituto Aragonés de Salud Laboral, Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ayuntamiento de Zaragoza, Sanidad del Gobierno de Aragón, Colegio de Farmacéuticos Cepyme, y otros, se han sumado a él.

La empresa, clave

El siguiente paso para conseguir su objetivo es la celebración, el 23 de septiembre, del encuentro Empresa y VIH en Aragón, en el que participará Miguel Ángel Ramiro, profesor titular de Filosofía del Derecho, que lleva muchos años asesorando en casos de discriminación en puestos de trabajo, o por incorporación a ellos, a nivel de seguros. Explicará, asegura Barrios, las dificultados «que nos encontramos al considerar el sida una enfermedad infecto contagiosa».

Aragón, sin embargo, fue pionera en 2015 en la eliminación de la discriminación a los diabéticos para acceder al empleo público, tras el registro de la iniciativa por parte de la diputada del PSOE Susana Sumelzo, y el compromiso del presidente de Aragón, Javier Lambán, con la Asociación de Diabéticos para eliminar esta barrera de inserción laboral.