Manuel Lapeña Lapeña, de 97 años, que era hijo y sobrino de dos personas fusiladas en Calatayud en la guerra civil falleció el pasado domingo sin haber podido asistir a la exhumación de sus seres queridos, que fueron enterrados en el Valle de los Caídos a finales de los años 50 del pasado siglo. El pleito, iniciado hace muchos años, había llegado a su fin, pero las dificultades burocráticas y la lentitud del proceso en general han hecho que no haya podido ver cumplido su sueño de dar digna sepultura a sus antepasados.
Recientemente, Miguel Ángel Capapé, casado con la nieta de uno de los fusilados, ya denunció que, pese a que la Justicia dio luz verde a la exhumación hace cinco años, la resolución llegaba "demasiado tarde" tras un pleito que ha durado más de una década.
"Vamos a seguir adelante, pero no sabemos realmente qué hacer ya", ha asegurado Capapé esta mañana en Zaragoza. "Estaríamos dispuestos hasta a encadenarnos a la verja del Valle de los Caídos", ha añadido. "Ahora no sabemos qué impide extraer los restos óseos, pues desde el punto de vista legal se cuenta con todos los permisos necesarios", ha afirmado . "Solo falta que el Gobierno decida abrir las tumbas que reclamamos el medio centenar de familias afectadas, de las que nueve o diez residen en Aragón". ha continuado Capapé.
Meses atrás el Gobierno aprobó una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a víctimas de la contienda inhumadas en el Valle de los Caídos y cuyas familias reclaman desde hace años. Y el propio Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, donde se halla la necrópolis había concedido ya los permisos para la exhumación. Pero estas medidas, que dejaban la puerta abierta a la recuperación de los restos óseos de Manuel y Antonio Lapeña Altabás, no han sido suficientes al llegar con tanta tardanza.
Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas -casi la mitad sin identificar- de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.
Capapé, que es responsable de la Asociación para la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), lamentó en esa ocasión el mucho "tiempo perdido", pues el propio Manuel Lapeña Lapeña, debido a su avanzada edad, había sufrido un progresivo deterioro de su salud.
Procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, pero en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos.
Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres enterrados en el Valle para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se han demorado desde entonces.
Barranco de la Bartolina
En las primeras semanas de la guerra civil española fueron detenidos el veterinario y un herrero de Calatayud, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.
Manuel Lapeña, además de delegado de veterinaria en el municipio era un miembro destacado de la delegación sindical de la CNT en la zona. Fue fusilado por los sublevados el 14 de agosto de 1936 en el llamado barranco de la Bartolina, sin juicio previo.
Por su parte, su hermano Antonio, herrero y simpatizante del movimiento obrero, fue fusilado en las tapias del cementerio municipal el 20 de octubre tras permanecer huido varios meses. Tampoco hay una condena a muerte previa. Ninguno se había visto envuelto en acciones violentas.
En 1958 los restos que se encontraban en la fosa común fueron trasladados a nueve columbarios, sin registros ni permisos, del recién levantado Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en el paraje de Cuelgamuros.
Proceso por la vía civil
En noviembre del 2014 sus familiares iniciaron un proceso por la vía civil para reclamar que fueran identificados y exhumados y en mayo del 2016 un juzgado de San Lorenzo del Escorial emitió un auto aceptando la reclamación al reconocer el derecho "a la digna sepultura" de ambos hermanos.
En el texto, firmado por el magistrado José Manuel Delgado, se establece "la realización de las actuaciones pertinentes en el cementerio del Valle de los Caídos a los efectos de llevar a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos a su familiar Purificación Lapeña Garrido tras la identificación positiva de los mismos, con el fin de darles digna sepultura".
En la basílica ahora mismo están documentados más de 33.000 cuerpos y únicamente dos de ellos están identificados. El de Francisco Franco y el de José Antonio Primo de Rivera.
Difícil localización
El auto judicial establecía que, además de la identificación y entrega de los restos humanos, se procederá a la inscripción en el Registro Civil de las causas de la muerte de los dos hermanos. El principal escollo para el cumplimiento del auto es la identificación de los cuerpos en la basílica del Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional.
El proceso para identificar los cuerpos, que presumiblemente se encuentran en un columbario de la tercera planta de la Cripta del Sepulcro, con otros ochenta asesinados (en nueve cajas) en Calatayud será similar al utilizado para buscar a Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid. El mal estado de las criptas y los informes técnicos desfavorables hacen que no se puedan avanzar plazos para la identificación definitiva.
