Las administraciones locales registran un elevado número de reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC), por el que se pagan facturas sin el correspondiente soporte contractual. Para poner coto a esta práctica, la Cámara de Cuentas de Aragón ha abogado por abordar cambios legislativos y mejorar la gestión de los ayuntamiento y diputaciones provinciales para poner coto a este mal endémico.
Así lo han puesto este lunes de manifiesto el presidente de este órgano, Alfonso Peña, y la consejera del mismo Rosa Montolío en su intervención en una ponencia de las Cortes de Aragón, donde los grupos políticos participantes coincidieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto por el mal uso que se está haciendo de un figura que debería de ser excepcional.
El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2018 pone de relieve el abuso que se hace de este procedimiento. Las 27 entidades locales aragonesas auditadas –los 24 ayuntamientos con más de 5.000 habitantes y las tres diputaciones provinciales– tramitaron ese año 1.679 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe total de 71 millones de euros. De ellos, el 75% corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, 53 millones de euros.
El REC es un procedimiento excepcional que permite reconocer y aplicar al presupuesto obligaciones, normalmente de ejercicios anteriores, que en la mayoría de los casos derivan de contratos u otros gastos que no fueron debidamente tramitados por la Administración.
Planificación "adecuada" de los contratos
Peña definió esta práctica como «una vía de escape del sistema para dar salidas a algunas averías que se producen en la gestión». «Es un procedimiento tan poco regulado y flexible, que cabe todo. Un gran sanatorio de operaciones averiadas», agregó. En su opinión, la situación es «preocupante» y pone de relieve que el «marco regulador es muy insuficiente».
En la misma línea, Montolio recordó que es un procedimiento excepcional, solo contemplado para afrontar gastos sin consignación presupuestaria que se aprueben en un pleno municipal, pero solo el 5% de los expedientes de REC de 2018 cumplían esta condición.
«Se ha convertido en un procedimiento habitual de todas las entidades locales», afirmó. Para paliar esta deficiencia, sobre todo en el Ayuntamiento de Zaragoza, apostó a realizar una «planificación adecuada y con tiempo suficiente» de los procedimientos de contratación, que con frecuencia suelen convocarse cuando acaba una adjudicación o un mes antes.
