Con cuentagotas. Así llegan las peticiones de información y las solicitudes de suicido médicamente asistido a los médicos de cabecera (los primeros en el organigrama para realizar el trámite) y a las asociaciones que proporcionan ayuda a aquellos que piden la eutanasia. En la asociación Derecho a Morir Dignamente estimaban que podrían recibir en torno a 120 solicitudes en Aragón durante el primer año con la ley que se aprobó el pasado 24 de junio. No obstante, esa primera previsión se queda muy lejos de la actual, que sitúa en «diez o doce casos» los susceptibles de tomar la decisión en los primeros doce meses de legalidad. La DGA, de momento, no ha recibido petición alguna para iniciar la tramitación.
Aquella cifra que se dio en junio se derivaba de un cálculo basado en la aplicación de la eutanasia en los Países Bajos cuando allí se aprobó la medida. Existen condicionantes culturales que influyen en la aceptación social de la medida – las diferencias entre el carácter centroeuropeo y el mediterráneo, uno de ellos –, pero es sobre todo la fuerte regulación y la escasa información la que mantiene la cifra en niveles mínimos.
Los más alarmistas apelaban contra la ley de eutanasia porque esperaban una tromba de solicitudes. Nada más lejos de la realidad, las peticiones están llegando casi por goteo. En resumen, priman la cautela y una honda meditación sobre esta decisión que jamás se interpretó como algo baladí. De momento, el total de casos procesados en España podría rondar los cinco, aunque hasta 50 personas podrían estar esperándo el suicidio médicamente asistido.
Cautela y Meditación
José Luis Trasobares, portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón, cree que primero debe establecerse «un proceso de praxis» para que la sociedad entienda cuáles son los casos específicos para los que está regulado el suicidio asistido. Trasobares cree imprescindible el que «se despejen mitos y bulos», mientras subraya que «en ningún caso» se va a producir esa avalancha de solicitudes.
De momento, los casos que se presentan están «muy fundamentados», comenta Trasobares. Es decir, enfermos de cánceres muy agresivos e incurables, personas que sufren enfermedades degenerativas sin solución y problemáticas.
A la delegación aragonesa apenas han llamado tres personas para pedir información, a las que se ha disuadido tras explicarles cómo es el proceso de tramitación y para qué casos está elaborado el protocolo de eutanasia. Así, la naturaleza de la petición provenía de causas psiquiátricas, cuestiones relativas a la salud mental, un terreno sobre el que todavía se debe arrojar mucha luz. «Ante este tema se abre un terreno vidrioso y todavía queda lugar para un extenso debate», reconoce Trasobares. Sin embargo, todavía es pronto para sacar conclusiones cuando la ley de eutanasia apenas tiene tres meses de vida.
