Todavía no ha comenzado la negociación de la reforma de la financiación autonómica, que se espera para noviembre, y ya saltan chispas. Por un lado se reunieron Valencia y Andalucía para hablar de su modelo que prioriza la población. Por otro aparecieron las voces de los hombres fuertes de la España más vacía, el aragonés Javier Lambán y el castellano-manchego Emiliano García-Page, que pusieron la señal de Stop a las intenciones de otros. En Madrid, la ministra Nadia Calviño poco menos que pidió paz para la que se avecina. Suavemente habló de «actitud constructiva» y de evitar planteamientos que generen «enfrentamientos entre territorios». Las diferencias y los intereses de las dos Españas son enormes. Habrá guerra casi de manera irremediable por la brecha que se va a abrir entre las autonomías.

La vicepresidenta primera del Gobierno sí reconoció, no obstante, que en todas las comunidades «hay una sensación de infrafinanciación», por lo que el punto de partida «no parece que sea muy favorable» a que se logre un acuerdo que deberá tener «un carácter transversal» que parece bien difícil en estos momentos. Si valencianos y andaluces van por un lado, Lambán anuncia que está manteniendo conversaciones con los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias para celebrar una reunión el próximo mes de octubre y concretar una postura común sobre el modelo de financiación autonómica.

«Mi posición (sobre financiación autonómica) es sobradamente conocida. El modelo que defiendo es el que compartimos con estas comunidades con las que ya constituimos un foro de trabajo», las mismas con las que en septiembre de 2018 se promovió la llamada Declaración de Zaragoza, «donde fijábamos una posición muy concreta sobre el modelo de financiación al que aspiramos, que tiene mucho que ver con la lucha de la despoblación», dijo el martes, un tema en el que ayer incidió tras su reunión con Cameron Brooks, director de Sector Público de Amazon Web Services en Europa. "Es respetable que Moreno Bonilla y Puig (presidentes de Andalucía y Valencia) se reúnan para plantear qué modelo de financiación pretenden, pero es absolutamente rechazable que pidan un tipo de fondo especifico para dos o tres comunidades".

Todos los pasos en la financiación, insistió el presidente, deben ser acordados para todas las comunidades. "Plantear fondos para dos comunidades me parece un agravio que no vamos a tolerar. Por lo tanto, debemos seguir trabajando cada cual en su ámbito. Nosotros, en el foro de las regiones despobladas. Desde luego, no toleraremos ningún trato de favor ni agravio hacia ninguna comunidad".

Lambán ya habló hace tres años de buscar un consenso «multilateral» y de no admitir la bilateralidad para la solución de los problemas. Así se recogió en el documento de la declaración, donde se pide que no haya privilegios para ninguna autonomía. En esas seis comunidades (entonces estaba La Rioja en lugar de Extremadura) vive el 21% de la población a pesar de representar más de la mitad del territorio.

Modelo alternativo al actual

No obstante, en las semanas previas a la apertura de las negociaciones sobre financiación autonómica, se habla de un modelo alternativo al actual «que no nos gusta a nadie», aunque cada cual «proponemos soluciones distintas», dijo Lambán a las puertas de Figan, donde aseguró que está en contacto con los homólogos de las citadas comunidades para lo que significará «la reunión de la España rural y necesitada de oportunidades para demostrar sus verdades potencialidades». Es la España despoblada que prefiere definir como de baja densidad de población.

El presidente aragonés explicó que no quería dar «una réplica» a la reunión de Moreno Bonilla y Ximo Puig, sino «defender un modelo de financiación y de hacer España que no es exactamente el mismo» que defienden desde Andalucia y la Comunidad Valenciana.

Desde Torija, en Guadalajara, Emiliano García-Page confirmó las palabras de Lambán. «No tardando» serán «muchos» los presidentes autonómicos que se reúnan para hacer frente a esas comunidades que quieren priorizar la población. «Hacen bien, es legítimo», subrayó Page, ante lo que aseguró que él, por su parte, trabajará «muy duro» para que el nuevo modelo de financiación autonómica no obligue a nadie a tener que irse a vivir a las grandes ciudades, y evitar esa concentración de población en detrimento de las zonas rurales porque hay ministros que «no se han dado cuenta de que más allá de la Castellana y de la M-30 hay otro país donde la gente razona más, y pelea menos».

«Hay que financiar los servicios donde la gente vive, y donde queremos que siga viviendo» para no encontrarnos con un problema de sostenibilidad. «No existe la sostenibilidad ambiental o social si no hay sostenibilidad económica», concluyó García-Page. 

VALENCIA Y ANDALUCÍA ABOGAN POR LA POBLACIÓN AJUSTADA

La alianza entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, para sellar una postura común de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica dio ayer un paso adelante tras una reunión celebrada en Sevilla en la que ambos acordaron un documento de 11 puntos con el que esperan sentar las bases de un nuevo sistema. El objetivo común es un nuevo reparto de recursos que termine con la infrafinanciación que afecta a ambas comunidades y para alcanzar este objetivo ambos territorios optan por un camino compartido. El acuerdo tiene el plus añadido de estar suscrito por mandatarios de partidos políticos distintos (PSOE y PP).

El documento contiene algunas novedades como un pacto para reclamar mayor capacidad de las comunidades autónomas de régimen común para «decidir sobre el nivel de sus ingresos», así como un acuerdo tácito para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un mecanismo transitorio de compensación para las comunidades que actualmente sufren por estar infrafinanciadas.

Además, ambos presidentes coinciden en que el criterio de reparto territorial de recursos debe basarse en el concepto de población ajustada. La posición de ambas autonomías es que el nuevo modelo debe aportar más recursos a todas las comunidades (equidad vertical) y «corregir la inequidad horizontal» mediante un sistema que «tenga como criterio principal» la población ajustada.