La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha abogado este martes, durante un encuentro en Soria con sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Macha, por «trabajar juntos» para conseguir las fórmulas que garanticen «un acceso equitativo a la sanidad rural» en los territorios más despoblados. «No es una cuestión solo nuestra, está en las agendas de otras comunidades y en las europeas», dijo Repollés.

Durante la mesa de debate, representantes de estos tres territorios señalaron como «debilidades» del sistema sanitario rural «la falta de financiación o una organización obsoleta», según reconoció la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado. «Combatir la despoblación es el reto común de todos nosotros. En Aragón ya tenemos un anteproyecto de ley de Dinamización del Mundo Rural y no se entendería un plan de lucha contra sin tener en cuenta el acceso al ámbito sanitario», apuntó Repollés.

La organización de la Atención Primaria rural «tiene más de 30 años», en palabras de Casado, quien abogó por reordenarla «mejor» porque «se ha demostrado que la Atención Primaria se encuentra entre las tres mejores del mundo, pero ya estaba sufriendo antes de hacer de muro de contención en la pandemia», apuntó.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, subrayó que la meta es seguir abordando la Atención Primaria «en su conjunto» y relacionada con la despoblación porque «desde Europa están exigiendo que se tenga todo trabajado para el momento de salida y alcanzar esa equidad», matizó. La jornada, además de abordar la atención asistencial, también atención la situación de los recursos humanos y de las nuevas tecnologías con la intervención de varios responsables.

Las reclamaciones de los sanitarios

En el caso concreto de Aragón, las mejoras en la sanidad rural, según apuntan algunos sindicatos a este diario, son «numerosas» en las tres provincias y algunas de ellas "son urgentes», como la falta de médicos o la necesaria reforma de la Atención Primaria. «Esto se está convirtiendo en un serio problema y cada vez irá a peor, porque no tenemos relevo generacional suficiente para cubrir los puestos vacantes», señaló a este diario Leandro Catalán, portavoz del sindicato Fasamet.

«Es necesaria una actualización y reorganización del mapa sanitario de Aragón, aprobado hace casi 40 años. Las infraestructuras en las carreteras han cambiado, la población ha variado y las necesidades y recursos que disponemos, sobre todo en el medio rural, son otras», añadió, al tiempo que apuntó a buscar «acuerdos interautonómicos» para garantizar la cobertura asistencial en las zonas de salud limítrofes.

Los incentivos en los puestos de difícil cobertura podrían ser una «solución», según Catalán. «Pero no solo otorgando más puntos en los baremos. Es necesario un aumento del sueldo que compense los kilómetros de más, disponer de vehículos propios o incluso mejorar la compensación del kilometraje», añadió. «La Atención Primaria se está tambaleando desde hace años, pero la pandemia ha provocado que se acelere, así que urge buscar soluciones», remató Catalán. 

Desde CSIF Aragón, su portavoz en Sanidad, Jesús Sicilia, apuntó además a la «precariedad» de los contratos laborales, con «excesos» de jornadas y «dificultades» para coger permisos, al tiempo que alertó de que faltan «muchos pediatras» en las zonas despobladas.

Más allá de la asistencia sanitaria, los problemas de conectividad también perjudican las tareas de los sanitarios. «Una mala conexión a internet hace que no puedan desarrollar su trabajo de manera adecuada porque no pueden hacer cosas tan básicas como hacer recetas o extender bajas», añadió Sicilia.

Este también reclamó ofrecer "más protección" a los profesionales ante agresiones. "En el ámbito rural también existe un riesgo evidente en el caso de agresiones debido a las distancias de las fuerzas de seguridad", dijo. Además pidió una "homogeneización de las interpretaciones de los pactos" porque, según dijo, "existe una gran disparidad" en la aplicación de los derechos de los trabajadores según el sector sanitario al que pertenezcan para pedir días de libre disposición o vacaciones.