La tapia trasera del cementerio de Torrero de Zaragoza, donde se sucedieron fusilamientos y ejecuciones de simpatizantes republicanos por parte del bando franquista en la guerra civil, ya es un Lugar de Memoria Democrática. Se trata del tercer espacio en la comunidad que recibe este reconocimiento, uniéndose de este modo al Barranco de la Bartolina (Calatayud) y la cárcel de Benabarre como Lugares de Memoria. Será en breve cuando se sume a estas tres ubicaciones la tumba de la primera alcaldesa democrática de España, María Domínguez, en el cementerio de Fuendejalón (Zaragoza).
El decreto ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico. De este modo, será considerado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, Lugar de Memoria Democrática de Aragón. Con esta declaración, según explican en una nota de prensa, el Gobierno autonómico pretende "garantizar su valoración, preservación y protección como símbolo de homenaje y reconocimiento de la dignidad de las personas allí asesinadas".
El decreto de declaración recoge que lo sucedido en la tapia trasera del cementerio zaragozano es fiel reflejo de la represión sistemática e implacable llevada a cabo por los sublevados contra la legalidad constitucional de la II República tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. A partir de 1937, cuando se pusieron en marcha los juzgados militares, la tapia de Torrero fue testigo de la mayoría de las ejecuciones. En la inmediata posguerra, en las tapias de Torrero se siguieron llevando a cabo fusilamientos. Hay que tener presente que, en la ciudad de Zaragoza, a la altura de 1940, había 20 juzgados militares dictando, de forma sistemática, sentencias condenatorias sobre los vencidos.
En recuerdo a las víctimas
Las víctimas asesinadas en la tapia de Torrero procedían, sobre todo, de pueblos de las comarcas orientales de la región, pero también de lugares como Zuera, Épila, Gallur, Uncastillo o Torres de Berrellén. En la ciudad de Zaragoza se asesinó al 32% de las víctimas habidas en todo Aragón, muchas de ellas en las tapias del cementerio de Torrero. Los reos eran colocados junto a la tapia forrada de tablones, generalmente de espaldas al pelotón, con el piquete de fusilamiento situado a cinco pasos.
La declaración obliga a seguir ciertas medidas de tutela, como el mantenimiento del volumen, la tipología, la morfología, la distribución y el cromatismo de la tapia, favoreciendo la conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación. Además, se deberán mantener todos los elementos accesorios que la definen (en especial los agujeros provocados por los impactos de los disparos), y toda actuación que se realice deberá ir dirigida a su conservación, restauración y rehabilitación.
Lugar de Memoria Democrática
El Gobierno de Aragón aprobó en 2018 la Ley de Memoria Democrática. Entre otras cuestiones, la norma contemplaba la declaración de lugares de memoria para impulsar su conocimiento. La legislación aragonesa define el Lugar de Memoria Democrática como “aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Hasta ahora se han declarado como tales el Barranco de la Bartolina (Calatayud) y la cárcel de Benabarre, y se ha iniciado el procedimiento para la declaración de la tumba de la que fuera alcaldesa de Gallur y primera regidora democrática de España, María Domínguez Remón, en el cementerio de Fuendejalón (Zaragoza). Una vez finalizado el periodo de información pública y tras la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio y de Urbanismo, próximamente se publicará la declaración definitiva.
Además, el Gobierno de Aragón amplió en 2017 de 50.000 a 200.000 euros las ayudas a proyectos de Memoria Histórica, plasmándose el carácter estratégico de esta materia para el Ejecutivo, cantidad que se ha mantenido desde entonces y que ha permitido trabajos conjuntos con las asociaciones de memoria. A esta cantidad se suman otros 200.000 euros para acciones que se ejecuten desde la propia Dirección General y 196.000 euros más que ha asignado a Aragón la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Estos fondos irán destinados a la localización y exhumación de fosas, identificación de restos y tareas de dignificación y difusión de espacios relacionados con las víctimas de la guerra y la dictadura.
