Industria dice que los municipios no pueden decidir sobre las renovables

Los municipios no tienen competencias para detener un proyecto de energías renovables autorizado por la DGA. Un informe emitido por el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón constata este hecho y señala que las moratorias aprobadas por algunos ayuntamientos «limitan y condicionan» el ejercicio de las competencias de la comunidad para comenzar los trámites previos a la construcción.

Según el citado documento, los municipios «carecen de competencias normativas, planificadoras y ejecutivas en materia de energía, y en particular de instalaciones de producción de energías renovables sujetas a autorización previa por la comunidad autónoma o el Estado». Así lo refleja un informe enviado a los ayuntamientos de Jaca y Fraga tras solicitar estos información sobre cuál es el radio de su rango de acción en cuanto a la instalación de energías verdes.

En el texto se destaca que los acuerdos municipales para estudiar los proyectos de parques de renovables «limitan y condicionan el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma para el otorgamiento de la autorización previa» de las instalaciones. Es decir, que las moratorias que impedían la construcción de los parques de renovables por un plazo máximo de dos años entorpecen la gestión de la DGA.

También se incluye que las instalaciones de renovables están declaradas «de interés económico general y de utilidad pública», por lo que los distintos ayuntamientos «deben respetar la implantación en su municipio de las instalaciones de producción de energía renovable autorizadas por la Administración estatal y autonómica».

Cae la moratoria de Fraga

Tras recibir este informe, el Ayuntamiento de Fraga suspendió en el pleno del pasado jueves la moratoria que impedía la instalación de parques fotovoltaicos en la localidad. O al menos así lo aseguró el teniente de alcalde de la localidad, Santiago Burgos, en representación de la alcaldesa Carmen Costa, que no pudo asistir por motivos personales.

En teoría, la suspensión, que estaba vigente desde el pasado mes de mayo, se iba a extender hasta la redacción de una ordenanza que regulara la instalación de parques y para «compatibilizarlas» con el respeto a las actividades agrícolas y el cuidado del paisaje. No obstante, la recepción del informe precipitó la decisión.

La moratoria se aprobó sin el rechazo de ningún grupo político y, según la corporación municipal, la decisión se atribuyó a la avalancha de proyectos solares que había recibido. El consistorio cifró en 12 las iniciativas para huertos solares con una extensión total de 1.200 hectáreas.

Aunque el ayuntamiento no lo ha admitido de forma abierta, la moratoria trataba de proteger a su vez la puesta en marcha del regadío social de Les Puntes, de 2.700 hectáreas, que se lleva proyectando desde hace 15 años.

Tras muchos altibajos y haber resuelto todos los impedimentos medioambientales, el proyecto se encuentra en la recta final pero se ha topado con un nuevo obstáculo: la fotovoltaica. Unos 30 de los más de 250 propietarios de los terrenos han mostrado su interés por salirse del proyecto, muchos de ellos para arrendar sus tierras a promotores solares que dicen ofrecer entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea al año.