El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza ha acordado el sobreseimiento libre de la denuncia por presunta prevaricación interpuesta contra los dos oficiales del Cuerpo que ordenaron el regreso a Aragón de 32 miembros de una unidad destinada provisionalmente a la central nuclear de Ascó (Tarragona) tras dar positivo por coronavirus dos agentes del grupo.
Según informa la Unión de Oficiales de Guardia Civil Profesional, el auto del magistrado evidencia que los denunciados, el teniente coronel jefe que comandaba la GRS-5 de Zaragoza y el capitán responsable de la unidad, actuaron conforme a las directrices establecidas en todo momento por las autoridades sanitarias.
La denuncia fue interpuesta por la asociación de guardias civiles JUCIL a raíz de la decisión adoptada en septiembre de 2020 por los dos mandos de ordenar el regreso a Aragón de la unidad, enviada unos días antes a Ascó para realizar labores de vigilancia tras producirse un brote de covid en la central, tras el confinamiento de dos miembros del grupo.
En su auto, el juez valora la "imposibilidad" de atribuir un delito de prevaricación a los denunciados al demostrar su defensa "fuera de toda duda" que la decisión adoptada siguió "escrupulosamente" las pautas establecidas por la autoridad sanitaria aragonesa.
Destaca con relación a este punto que la Dirección Provincial de Sanidad en Aragón recomendó a los oficiales que los dos positivos quedaran confinados en Ascó hasta recibir el alta médica y que el resto retornaran a Aragón "en vehículos particulares o de la Guardia Civil, portando mascarillas, no parando durante el viaje y realizándose una PCR a su llegada a Zaragoza".
A su llegada a la capital aragonesa, los agentes que dieron positivo fueron aislados, de acuerdo con las indicaciones recibidas desde Sanidad.
En opinión del juez, "no hay transgresión, ni mínima, de normativa alguna y, consecuentemente, no puede haber ni prevaricación ni lesiones por imprudencia (por faltar el elemento normativo y por no existir resultado lesivo alguno), ni delito contra los derechos de los trabajadores ante la inexistencia de infracción de normativa laboral".
Tras hacerse público el auto judicial, contra el que cabe recurso de apelación, la Unión de Oficiales del Cuerpo "lamenta profundamente" que la asociación JUCIL se sirva de situaciones como la ocurrida "en aras de conseguir mayor notoriedad ante los medios, aún a sabiendas del daño moral que podían causar".
