Los militantes críticos del Partido Aragonés (PAR) Xavier De Pedro y Miguel Ángel Gorbe presentaron este martes sendas demandas judiciales ante las «graves irregularidades» que denuncian tanto en el reglamento aprobado para el XV Congreso del PAR como por el censo de militantes para dicho proceso.

Lo han hecho tanto por el procedimiento ordinario como para la protección de derechos fundamentales, al considerar que se vulnera el de asociación, recogido en el artículo 22 de la Constitución Española. Asimismo, solicitan al juez medidas cautelares para la suspensión del congreso del PAR, previsto para los días 23 y 24 de octubre, aunque reconocen la dificultad de que esta medida llegue a tiempo. Por eso, insisten, siguen preparando la lista «alternativa» a la que presentará el actual presidente, Arturo Aliaga, aunque siguen sin desvelar el candidato.

Las demandas solicitan la nulidad del reglamento del XV Congreso aprobado por la Comisión Ejecutiva al considerar que incumple la Ley Orgánica de Partidos Políticos y los Estatutos del partido, y el acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora del Congreso que incluye «irregularmente» más de 300 nuevos militantes. El objetivo, señalan, es que «se garantice la democracia interna» del Partido Aragonés y la participación en el proceso en «igualdad de condiciones».

«Pedimos la suspensión del congreso por las numerosas irregularidades, e impugnar el censo con los 300 militantes incluidos en el último momento», resume De Pedro, lo que representaría el 20% del censo electoral. «La inclusión en el censo de 300 afiliados altera el reparto de compromisarios de todo Aragón, pero mientras no se suspenda el Congreso, trataremos de participar aunque juguemos en desventaja», señaló. En concreto, denuncian que los cambios son «de tal calado» que, en la provincia de Teruel, «de 512 electores iniciales se pasa a 850, un aumento superior al 45%, y de forma proporcional, también en compromisarios».

Entre las irregularidades que denuncian estos militantes, señalan que «el censo electoral se cierra tres meses antes de la convocatoria del proceso electoral para evitar afiliaciones fraudulentas justo antes de un proceso», pero en este caso «se aprobó definitivamente por parte de la comisión organizadora el pasado 27 de septiembre, con menos de un mes» para la cita.

Plantean que «cambiar el censo electoral no es conforme ni con los Estatutos, ni con el reglamento de organización del PAR» y critican que «no es admisible retrasar deliberadamente el Congreso y pretender convocarlo de nuevo para cambiar las reglas previas democráticas», pese a que la dirección ha insistido en que el retraso en la fecha se debe al estallido de la pandemia del covid.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, al ser preguntado por esta demanda judicial, insistió en que hay que «dejar que funcionen los órganos del partido que protegen en su caso si hay alguna cuestión relativa a asuntos judiciales». Además, aseguró que no sabe si habrá otra candidatura. «Acabamos de comenzar el proceso y no sé cómo irá. El partido es grande», recordó.

Miguel Ángel Gorbe, también demandante, pone el foco en el peso que se otorga a los alcaldes. «Queremos un proceso democrático y con igualdad entre todos, que no haya distintos tipos de militantes en función de si eres o no alcalde», reclamó. Además, mostró su sorpresa por el aumento de militancia. «No podemos llevar seis años con caída de militantes, y a un mes del congreso, se inscriben más de 300. Ojalá fuera así, pero es muy extraño», expresó. Por eso, consideró que «si continúa este proceso, está adulterado» y denunció la «intención clara de controlar a los compromisarios». También señalaron que el defensor del militante todavía no ha respondido a su carta.

Mientras, confirman que «siguen trabajando» en una candidatura alternativa, aunque también dejan la puerta abierta a no presentar ninguna. «Estamos valorando todo, porque presentar una candidatura perdedora no le gusta a nadie», reconoció De Pedro. El reparto de compromisarios marcará, previsiblemente, si se construye la alternativa.