El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén que cuestionan los indultos parciales acordados a favor de los seis miembros del Gobierno catalán condenados por su participación en el 'procés' y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos recursos, a los que ha tenido acceso Efe, fundamenta su petición en la negativa del Govern que presidía Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, a cumplir con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca que ordenó en 2015 la devolución de los bienes histórico artísticos del patrimonio del Monasterio de Sijena.
Destacan estos escritos que aunque la negativa fue comunicada inicialmente al juzgado por el exconsejero de Cultura Santi Vila, pendiente por este motivo de un juicio penal, y ratificada más tarde por su sucesor en el cargo, Lluis Puig, fugado también de la justicia española, la decisión de incumplir la sentencia no solo fue "colegiada" por el ejecutivo catalán en su conjunto sino amparada.
La asociación también solicita revisar el indulto concedido al presidente de Òmnium Cultura, dado que el propio Santi Vila, señalan los recursos, reconoció públicamente que todo lo relativo a Sijena lo pactaba con Cuixart.
Se añade que el objetivo final de estas acciones era "secuestrar ese patrimonio para siempre", a la espera de conseguir la declaración de independencia.
Sin intención política
En los recursos se advierte que la iniciativa carece de "intencionalidad política", motivo por el que no se recurren los indultos de la expresidenta del Parlamente Carmen Forcadell, y del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, sino de clarificar la situación de los presos indultados relacionados con la negativa a cumplir con la sentencia del tribunal oscense.
Una sentencia, destaca la asociación, que solo pudo ejecutarse tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que puso en mano del Gobierno español la gestión de la autonomía y, entre otros servicios, el de los Mossos de Esquadra.
En sus recursos, la asociación, representada por el abogado Jorge Español, letrado que ha actuado en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en las causas contra instituciones catalanas para exigir la devolución de los bienes del monasterio, precisa que su intención no es solicitar la suspensión de los decretos de concesión de los indultos sino que el Supremo "clarifique sin dilación la situación de los presos indultados".
Medidas cautelares
Además, reclama que si durante la tramitación del recurso "se intuyera o acaso se vislumbrara, incluso de modo remoto" la posibilidad de que los indultados pretendieran huir de España, se adoptaran "urgentes medidas cautelares" para impedirlo.
Estos recursos, dirigidos contra los indultos concedidos a los exconsejeros Dolórs Bassa, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Turull y Josep Rull, y a favor de Cuixart, fueron admitidos a trámite ayer, pocos días después de ser interpuestos, en una providencia judicial firmada por todos los miembros de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Supremo.
En declaraciones a Efe, desde la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén se valora la reciente referencia hecha por el presidente del Supremo para significar que la negativa de este alto tribunal a la concesión de los indultos se deriva exclusivamente del cumplimiento de un ordenamiento jurídico que no avala la decisión adoptada por el Gobierno.
Según estas fuentes, "no se puede pedir nunca a un magistrado que deje de actuar como un hombre de leyes cuando vista su toga, por lo que el informe en contra de los indultos elaborado por la sala de lo penal del Supremo, debe ser objeto de exquisito respeto, pues ninguno de esos magistrados quiere nada malo para Cataluña ni para los presos indultados".
Tras precisar su posición a favor de "la pacificación en Cataluña y la reconciliación nacional", la asociación considera que los indultos requieren un "sincero arrepentimiento" por parte de los presos beneficiados.
Resaltan por otra parte que los indultos parciales concedidos, que inhabilitan a los presos del 'procés' para ejercer cargos públicos, evidencian el "fracaso" de su concesión, "porque en estos casos políticos, o el indulto es total o de lo contrario vale para muy poco o nada".
