«Estas ayudas al alquiler llegan tarde, pero llegan»
Guillermo Rodríguez tiene 22 años y procede de Logroño. El pasado mes de septiembre comenzó su quinto curso universitario en la capital aragonesa. Los tres primeros fueron en el Colegio Mayor Santa Isabel y justo después de la pandemia se cambió un piso, donde ha pasado los últimos dos. Vive en la Avenida de Valencia junto a otros tres estudiantes, a pocos metros del campus de la plaza San Francisco y la antigua facultad de educación (actual Filosofía y Letras), donde cursa la carrera de historia.
Su situación económica ha sufrido cambios en este último año. Tiene previsto buscar trabajo para este curso, ya que hasta ahora las becas le permitían asumir los 200 euros más gastos que paga de alquiler y le resultaba fácil llegar a fin de mes. Sin embargo, al empezar una segunda carrera tras finalizar el grado en periodismo no puede acceder a estas. La ayuda de sus padres, como en el caso de otros jóvenes, también ha sido una constante durante su etapa universitaria, tanto en el colegio mayor como en el piso compartido. Los gastos personales corrían a cuenta de Guillermo y su familia se hacía cargo del alojamiento.
Su posición respecto a las ayudas al alquiler que contempla la futura ley de vivienda es clara, aunque no sabe todavía si podrá acceder o no a las mismas. «Independientemente de que me toquen o no, es algo muy positivo. Creo que llega tarde, pero llega, al final, supone quitarse de en medio el precio del alquiler y solo tener que preocuparte por gastos como la comida, que sí se pueden afrontar», apunta, e incluso añade que no vería mal las ayudas repartidas para todos los miembros de la vivienda compartida. «En la situación que estoy ahora mismo, todo dinero es bienvenido. Incluso si me dan 50 euros lo voy a agradecer», subraya.
Pese a los nuevos gastos extra que tiene que afrontar, Guillermo se ve en una posición favorable de cara al futuro y cree que Zaragoza es una ciudad donde es más fácil emanciparse y asumir un alquiler propio. No piensa lo mismo de las grandes ciudades del país a las que acuden muchos estudiantes universitarios en busca de oportunidades, «como Madrid o Barcelona, donde le resultaría imposible».
El precio de la vivienda de alquiler es, para él, una de las razones que imposibilitan que la gente de su edad se emancipe. «Los precios suben, la gente no puede acceder a los pisos y continúan al alza. Es la pescadilla que se muerde la cola», dice. El valor total del alquiler de su piso supera los 600 euros estipulados, a falta de la aprobación de la ley de vivienda, como una de las condiciones para acceder a las ayudas. Por tanto, no sabe si cumplirá los requisitos.
«Al final, cada mes nos cuesta más de 900 euros»
Ángela Villar tiene 22 años y es este es el quinto año que pasa viviendo fuera de Alcañiz, su localidad natal. La joven se traslado a la capital aragonesa para estudiar Trabajo Social. Los dos primeros años los paso en un residencia estudiantil, el tercero y el cuarto los pasó en un piso con dos amigas y ahora lleva seis meses viviendo con su pareja. Ahora mismo ambos están a punto de embarcarse en una mudanza porque no pueden permitirse el alquiler del piso en el que viven en el zaragozano Barrio de Delicias.
El piso en el que vive ahora mismo le cuesta 600 euros además de los gastos de luz agua y subsistencia, «al final cada mes nos con la compra y todo son casi 900 euros». Aunque su pareja tiene trabajo la estudiante está viviendo con sus propios ahorros, «si tengo que pasar solo con lo que me dan mis padres no llegaría a fin de mes», comenta.
Los planes de la estudiante pasaban por compaginar sus nuevos estudios con un trabajo con el que costear sus vivienda pero de momento todavía no ha encontrado nada. «Con los sueldos que me ofrecen como becaria tampoco podría asumir lo que me cuesta el piso, son sueldos de 200 o 300 euros por una jornada completa del trabajo», añade Villar.
Pese a su situación Ángela se considera una afortunada y está a punto de mudarse a un nuevo piso en el barrio del Actur. «Es de un familiar de mi novio y así el alquiler nos sale un poco más barato, si no en el Actur tampoco podríamos pagar nada, hemos tenido mucha suerte» comenta Villar entre risas. «Hemos estado buscando mucho y los precios en la mayoría de los barrios son prohibitivos», cuenta la joven.
Reconoce que, si tuviera una ayuda, su situación sería más desahogada pero que aun así no sería suficiente, «Hasta que no encuentre un trabajo la situación va a seguir siendo complicada», añade. Además, cree que esta ayuda debería ser acorde con los precios de los suministros, «por mucho que me den 250 euros, si sigue subiendo el precio de la luz, al final voy a acabar por no poder pagar nada». En este momento, al no contar con un trabajo, la joven no podía acceder a las ayudas que plantea la futura Ley de Vivienda ya que sería necesario un contrato de trabajo de al menos un años para poder solicitarla. Esta no es la primera vez en la que se da esta circunstancia, Ángela ya vio rechazada en una ocasión las ayudas a la emancipación joven ofrecidas por el Ayuntamiento de la ciudad. «De todas formas habrá que ver las condiciones porque muchas veces aunque existan ayudas con las condiciones que te ponen es casi imposible que te las den», añade.
«Para mí, es un parche para un problema mayor»
En el caso de Guiomar Latorre, con 26 años, este es el séptimo año que pasa en Zaragoza. Los dos primeros los dedicó a estudiar un grado superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, los cuatro siguientes los dedicó a la carrera de periodismo en la Universidad de Zaragoza y actualmente, al igual que muchos de sus compañeros de promoción, busca un trabajo que este mínimamente relacionado con sus estudios.
Durante todos estos años ha vivido con distintos compañeros en pisos alrededor del Campus de plaza San Francisco. A los 26 años, la joven montisonense tiene en mente el poder tener su propio piso y su propio espacio e independizarse. «Estoy muy bien en mi casa porque al final estoy viviendo con mis amigos y nos lo pasamos muy bien, pero también me gustaría poder vivir sola». En este momento vive con otros tres compañeros y cada uno paga alrededor de 210 euros, 850 en total, gastos de luz, agua y gas aparte.
Guiomar trabaja todos los veranos en el Pirineo aragonés como camarera, con los ingresos que genera es con lo que intenta subsistir el resto del año. Hasta ahora, las becas que recibía por parte de la universidad le permitían ahorrar una parte de los que ingresos que había generado durante el verano. Este curso, al no tener acceso a ningún tipo de ayuda, la situación es más complicada. «Si encuentro trabajo podré pagar yo las cosas, pero si no, la verdad es que tendré que terminar por volverme a casa de mis padres en Monzón o gastarme todo lo que tengo ahorrado de estos años», comenta la joven resignada. Cuenta que ahora, recién graduada, la situación es complicada.
En el caso de Guiomar, aunque ha pasado los últimos seis veranos trabajando, al no tratarse de un ocupación estable como exigirían los requisitos para acceder a estas ayudas, Guiomar se quedaría sin la retribución. Además os 850 euros que cuesta su alquiler también se quedarían lejos de los 600 que tendría como límite la futura Ley de Vivienda.
En cualquier caso, Latorre reconoce que si recibiera una de estas ayudas podría ahorrar los ingresos de su trabajo estival y pagar su piso actual. Aun así esta subvención no sería suficiente como para poder cumplir su deseo de alcanzar una independencia estable.
«Siempre se agradecen las ayudas y las becas, pero para mí esto es una parche para un problema mayor». La joven considera que la solución a este problema no está en ofrecer ayudas sino que tiene que pasar por regular el precio de los alquileres el cual en muchas ocasiones e incluso en la ciudad de Zaragoza encuentra «abusivo».
«Creo que podría subir el alquiler si no se congela»
Marta Rodellar es una joven oscense de 22 años que reside en Zaragoza desde 2017, cuando comenzó la carrera de periodismo. Se encuentra alquilada en un céntrico piso de la calle Hernán Cortés junto a otras tres compañeras. Una de ellas trabaja y las otras dos continúan estudiando, todavía con varios cursos por delante.
Sin gastos, el alquiler de su piso era de 850 euros en total, unos 230 por inquilino. Los gastos al margen del alquiler han subido, sobre todo tras los repetidos incrementos del precio de la luz que han tenido lugar en los últimos meses y se han convertido en 250 mensuales. «Para ser Zaragoza no es el piso más caro, ni mucho menos. Los hay peores», cuenta.
Después de finalizar sus estudios universitarios ha optado por buscar trabajo en la capital aragonesa, en vez de otras opciones como salir de la ciudad para cursar un máster o volver al domicilio familiar en Huesca. Durante este lapso de tiempo asegura que puede «llegar a fin de mes» con ayuda de sus padres, que cuentan con los ingresos de «una familia media» pero mira con recelo al futuro, ya que ahora mismo no se ve capaz de asumir un alquiler sin ese empujón económico. «Me tendrían que echar una mano con los gastos de la comida, por ejemplo», reconoce.
Rodellar valora positivamente las ayudas al alquiler que plantea hipotética futura ley de vivienda, sin embargo, cree que de entrada son insuficientes y que es necesario añadir algún tipo de regulación a los caseros. «Si los jóvenes tienen más ingresos, los propietarios podrían subir los precios del alquiler si no se congelan. Me da igual que me den 240 euros si me suben el precio esa misma cantidad. Si no existe ese incremento, sí cambiaría a mejor mi situación, al final es una carga que no tendría que asumir». asegura.
Del mismo modo, cree que si se llegan a aplicar estas ayudas repartidas entre todos los convivientes, como podría ocurrir en función de la comunidad autónoma, no le «solucionaría nada». La ley plantea los condicionantes de la renta, el valor mensual del inmueble alquilado y que los beneficiarios se encuentren trabajando. Para Marta, sería positivo que esas ayudas llegaran sin tantos requisitos. «Estaría bien que se dieran las ayudas a los jóvenes por serlo, sin ningún condicionante», recalca.
Con un piso de alquiler que supera los 800 euros mensuales entre todas sus ocupantes, no está claro que Marta Rodellar o alguna de sus compañeras en la misma situación puedan solicitar en un futuro las ayudas si la ley de vivienda sale adelante con las condiciones actuales. Ese precio se encuentra lejos del rango de los 600 euros establecido para poder ser beneficiario.
