Van pasando las semanas, se comprimen los plazos y en la Generalitat no hablan todavía con claridad de los Juegos Olímpicos, pese a que algunas alianzas últimas parecen haber encendido, si bien a media luz, la antorcha olímpica. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts se han unido por primera vez con los socialistas catalanes (PSC), por ende con el Gobierno, para tratar de sacar adelante dos proyectos de envergadura, de importancia económica, de realce de su territorio: la ampliación del aeropuerto de El Prat –ni mucho menos olvidada– y la candidatura olímpica de 2030, el asunto que le toca a Aragón.

La negociación de estos Juegos hay que encuadrarla en un marco amplio, más allá de asuntos deportivos. Casi todo es política también en el código olímpico. El tablero es enorme, con innumerables piezas colocadas en una suerte de gambito de rey que parece situar en ventaja solo a Pedro Sánchez en el desarrollo del juego si finalmente el peón sacrificado es la CUP. Los movimientos abarcan desde los indultos a los independentistas, que parecen haber puesto fin a su épica retórica del "embate", hasta el apoyo que ha recibido el presidente del Gobierno y Podemos para sacar adelante leyes importantes como la de Educación e incluso presupuestos generales, todo medido en un tiempo que va más allá de los dos años de margen que fijaron los independentistas para la Mesa de diálogo. Lo dijo hasta Laura Borrás, voz alta de Junts, antes incluso de que Sánchez se plantara en el Palau de la Generalitat: "Los primeros gestos del Govern aparcan la independencia por lo menos hasta 2030".

El escenario ha cambiado un tanto en el Parlament, donde se ha puesto de relieve que hay vida más allá de los bloques. El PSC y Junts sacaron adelante la pasada semana un texto a favor de organizar los Juegos de 2030. Tanto ERC como los comunes se quedaron solos apoyando que se celebrara también el referéndum sobre la viabilidad del evento en las localidades que serían subsede, como Barcelona.

«Los Juegos de Invierno son el proyecto internacional más importante que proyectará a Cataluña en el mundo en la próxima década», escribió no hace tanto en las redes sociales la consejera de Exteriores de la Generalitat, Victòria Alsina. Claro que cerraba el tuit hablando de un binomio ganador: «Pirineus y Barcelona». Bien, ya hablan de Juegos. ¿De Aragón? Nada.

Pere Aragonès ha hecho también reconocimientos expresos a la candidatura y a la necesidad que tiene Cataluña, pero siempre desde la ambigüedad. «Es una oportunidad en un marco ecológico, social y económico sostenible. Debe ser posible hacer los Juegos con estos criterios, adaptándonos a los retos globales que tenemos planteados», ha dicho sin decir nada el president, que ya ha conversado con Lambán para poner en marcha los equipos técnicos de trabajo.

Claro está, Aragón no se fía. Lo dijo su presidente la pasada semana en Ejea, donde admitió que ve la negociación política con Cataluña como un "escollo", pese a la entente suscrita en la bilateral por el Gobierno central y el catalán, que implica que la Generalitat debe aceptar la condición impuesta por Aragón de organizarlos en pie de igualdad. Ahí Lambán recela, no confía en que Cataluña entienda la igualdad de derechos entre todos los españoles. "La Generalitat va a tener una prueba de fuego para demostrar su voluntad respecto a las pretensiones futuras", dijo el viernes el presidente en alusión expresa al proyecto olímpico.

«Tenemos muchas posibilidades de que se nos conceda», si el Gobierno de España, junto con los de Aragón y Cataluña, presentan una candidatura «en condiciones», dice el jefe del Ejecutivo autonómico, que no esconde suspicacias: «La duda es si las actuaciones de la Generalitat van a ser lo suficientemente responsables y encaminadas a ese proyecto común como para que salga adelante. Ahí se va a demostrar si apuestan por encontrar soluciones».

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El PP ya ha hecho público su apoyo expreso a la cita de 2030, con Jorge Azcón a la cabeza. Pero Lambán, como tantos otros, teme que la Generalitat no acepte «el liderazgo» del Gobierno central, a través del COE, y la participación de Aragón «en igualdad de condiciones», o que se plantee un referéndum «que trastoque las normas que el Comité Olímpico Internacional (COI) impone a cualquier país que aspira a organizar unos Juegos. Hoy por hoy, la situación en Cataluña va en la línea contraria» a lo que exige el COI.

Así que el asunto sigue adelante, despacio, en Cataluña. Lo dijo Aragonès en el debate de política general, aunque con consideraciones tibias, por no decir sibilinas. Y, desde luego, sin hablar abiertamente de Aragón. Lo que se augura en los pasillos indepes es que no habrá en ningún caso candidatura conjunta. Falta aún preguntar al Pirineo catalán su opinión, vía referéndum, ya que Barcelona, donde hay cero interés por la cita, se presentaría solo como locomotora, pese a Colau, las quejas por el cambio climático, etcétera. Tampoco gusta porque se percibe como la huida hacia delante de Jordi Hereu, que en 2010 cuando era alcalde y estaba acorralado, impulsó la candidatura –entonces de 2022– en un momento de desesperación. Desde entonces se arrastra el tema en Barcelona, cuya desafección hay que combinar hoy en día con la Mesa de diálogo, la CUP, Sánchez, los presos, los pactos en el Congreso, los presupuestos generales... A Alejandro Blanco, presidente del COE, le corre el reloj de los despachos en contra. Solo le quedan cuatro meses para presentar un proyecto convincente ante el COE con motivo de los Juegos de Pekín 2022. Poco tiempo, muchas trabas. Y sobre todo Política. Dijo el alcalde de Zaragoza que cuanto más se hable de política y menos de deporte, «más difícil será que salga adelante». Por eso no avanza. Ahí está el proyecto, en los pasillos del Parlament, atascado.