La cuenta atrás para la batalla de la financiación autonómica ya está en marcha. La escasez de recursos para afrontar el coste de los servicios públicos esenciales en las comunidades (educación, sanidad, servicios sociales, entre otros) resulta «absolutamente insuficiente». Esta es la visión del presidente aragonés, Javier Lambán, aunque es compartida por otros líderes regionales del espectro nacional, independientemente de su color político. Eso sí, unos prefieren que en el reparto de la tarta pese más el criterio demográfico y otros, en cambio, que los recursos se distribuyan en función de la dispersión de la población y el coste de sufragar esos servicios.

Este es el caso de Aragón, cuyo presidente asegura que la comunidad «no tiene margen prácticamente para invertir», sobre todo en los últimos dos años en los que el covid ha disparado el gasto y ha desplomado los ingresos. «O se encuentra una solución rápida a este problema o las comunidades autónomas van camino de ser inviables», aseguró Lambán en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). Este es, sin duda, el problema que más preocupa en el Pignatelli. Pero esa inquietud se respira también en el resto de autonomías.

La deuda de Aragón en relación al Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre del 2021 era del 25,3%, según datos del Banco de España. En valores absolutos, la comunidad se acerca a los 9.000 millones de deuda pública frente a los 8.314 millones del primer trimestre del 2020, datos previos al covid. Solo en el último trimestre ha crecido el 2,42%. Por tanto, para sufragar esa losa cada aragonés debería aportar 6.805 euros. Pero no es la comunidad más endeudada. Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Baleares son las que tienen un mayor porcentaje de deuda sobre su PIB (ver gráfico).

Gráfico sobre la ratio de deuda sobre el PIB regional.

Gráfico sobre la ratio de deuda sobre el PIB regional. EL PERIÓDICO

En el furgón de cola viaja Cataluña. Es la comunidad con mayor volumen de deuda en cifras absolutas, con un total de casi 81.900 millones, equivalentes al 37,1% del PIB regional. Más del 75% está contraída con el Estado, a través de los mecanismos de facilidad financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En Aragón, ese porcentaje cae al 51,8%, siendo la media nacional del 61,1%.

Sea como fuere, el problema es que los presidentes autonómicos desconocen todavía en qué términos planteará el Ministerio de Hacienda una propuesta formal frente a dos modelos antagónicos. Andalucía, Murcia, Baleares, Cataluña, o Valencia, tratan de establecer una financiación a tanto por habitante, y otro modelo de comunidades (Aragón, Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Asturias y Extremadura) que creen que se ha de repartir en función de lo que cuesta prestar el servicio.

Las comunidades despobladas se citan el 2 de noviembre en Santiago de Compostela

Lambán, precisamente, recordaba que la prestación de la sanidad o la educación en Teruel, con baja densidad de población, es «hasta tres o cuatro veces más caro de lo que ese mismo servicio cuesta prestarlo en Madrid». A su juicio es un criterio «mucho más justo» porque «cuando se habla de unidad de España, para mí quiere decir igualdad de derechos». Esa es la estrategia que defenderán en las comunidades menos pobladas el 2 de noviembre en Santiago de Compostela.

Un informe reciente de la Airef señala que «el aumento del estoc de deuda pública legado de la crisis del covid, sumado a un elevado nivel de partida y al previsible deterioro del saldo fiscal en los próximos años, sitúan la sostenibilidad financiera de Aragón en posición de mayor vulnerabilidad».

Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a una revisión de la deuda. «Cuando abordemos el modelo de financiación, tendremos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda», dijo Montero. Y reconoció el problema de infrafinanciación que existe. «Es obvio que la infrafinanciación se ha convertido en deuda y que en Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda», añadió. «¿Toda? Probablemente, no; pero, sin duda, una gran parte de ella es achacable a la infrafinanciación», dijo.

La anterior crisis disparó la deuda en España

La deuda autonómica estalló a partir de la crisis de 2008. En pocos años, pasó del 5,8% del PIB en 2007 al 20,6% en 2013. Después ha seguido subiendo hasta cobrar un peso cercano al 27% a mitad de 2021. Más de la mitad del total de la deuda autonómica lo es con el Estado, a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es sobre esta parte de la deuda sobre la que algunas partes plantean una posible quita. Hay dos formas de abordar una quita: una condonación de deuda o una renegociación de plazos y tipos. Ninguna de ellas es pacífica desde el punto de vista político.